En lo que va del 2019, el Ministerio de Salud de Mendoza clausuró 4 geriátricos por no cumplir con algunas de las normas establecidas para el cuidado de adultos mayores, entre ellas, las que prohíbe el hacinamiento. Mientras, otros 48 fueron multados.

En Mendoza, 3.500 ancianos viven en residencias. Al menos, ese es el número de camas registradas en las 180 instituciones que tiene la provincia, de las cuales, sólo 6 son de gestión estatal, según datos suministrados por Infraestructura Sanitaria.

De los 174 privados, 33 están habilitados y el resto está en vía de conseguir el permiso. Si bien siguen funcionando, están tramitando la documentación al tiempo que se adecuan a las reformas pedidas, como la ampliación de habitaciones o la cantidad de personal o, en el mejor de los casos, porque hicieron cambios positivos y no quedaron asentados.

Ver también: Cómo funciona el protocolo en caso de maltrato a ancianos

Según el Ministerio, la habilitación tiene una vigencia de 3 años, la cual puede ser renovada si pasa las inspecciones y se cumple con los requerimientos fijados en la ley 5.532, que estipula, entre otros aspectos, un máximo de 3 camas por cuarto; un baño cada 6 internos, una guardia médica pasiva o sistema similar y un programa escrito de actividades recreativas.

Para que un geriátrico pueda abrir necesita de una habilitación municipal y una resolución ministerial expresa, indicando las áreas habilitadas, los servicios que se pueden prestar y toda otra característica de relevancia. Pese a esto, existían muchos establecimientos que se encontraban al borde de la ilegalidad porque se anotaban en las comunas bajo la categoría de “emprendimientos comerciales” y no como geriátricos.

“Cuando el ministerio llegaba, no contaban con los requerimientos mínimos, como cantidad de camas o tamaño de las habitaciones, y ya habían personas dentro”, detalló el Gobierno.

Bajo la imposibilidad de cerrar en forma definitiva el lugar y trasladar de inmediato a los ancianos –porque no había vacantes en otros centros o sus familiares no se hacían cargo de ellos– se empezó un proceso de adecuación de estos espacios, otorgándoles un plazo para realizar las mejoras necesarias, siempre y cuando las faltas no fueran graves.

De esta forma, en los últimos años se comenzó a trabajar con los municipios para hacer un protocolo y que todos se manejen con los mismos criterios a la hora de habilitar y para detectar los clandestinos.

En el 2018, el Gobierno tenía registrado sólo 100 privados y, en lo que va del año, bajo esta metodología ya se incorporaron 74.

En tanto, en los 10 últimos meses del año se han sancionado 48 hogares, aunque siguen estando en los plazos para adecuarse a la ley. Las penas van desde multas económicas (de $43 mil a $72 mil) a clausuras.

En cuanto a los cierres definitivos, se produjeron tras incesantes reclamos y 2 multas, por lo que, al cumplirse el tercer aviso, se procedió a clausurar los lugares. El caso más grave se dio por hacinamiento.

Uno de los problemas es que el cese de la actividad no se realiza de inmediato, porque, al haber gente de por medio afectada, debe producirse la reubicación de los adultos mayores. Esto puede llegar a demorar 1 o 2 meses. Son derivados a sus familiares o a geriátricos públicos y, en caso de no haber camas, las personas continúan en ese lugar hasta que se logre el traslado.

La ley que fija los requerimientos de los geriátricos