En diciembre del año pasado y recién asumido, el ministro de Seguridad Gianni Venier se reunió con la Corte de Justicia para tratar, entre otros puntos, el hacinamiento en las cárceles de Mendoza. En esa línea, pretendían agilizar los procesos judiciales porque la cantidad de presos sin condena penitenciario es elevada.
Once meses después, los internos del pabellón 5 del penal de Boulogne Sur Mer están hacinados y deben dormir en el piso de un pasillo ya que no hay lugar en las celdas.
En dicho sector se encuentran alojados quienes están cumpliendo una condena por violencia de género y abusos sexuales.
Frente a la situación, el responsable del Penal, Eduardo Orellana, aseguró no estar al tanto y solicitó que se lo llamará dentro de unas horas para informarse sobre el tema.
El viernes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo advirtió: “Vamos a reformar las penitenciarías de Mendoza”.
La iniciativa busca que las personas que están privadas de la libertad aporten con su trabajo bienes y servicios para autogestionar el funcionamiento de las cárceles. Según las cifras que dio a conocer la semana pasada, un preso le cuesta al Estado $600 por día.
El proyecto de Cornejo se da en un escenario de fuertes cuestionamientos a la aplicación de la prisión preventiva y de política carcelaria por parte los organismos de derechos humanos.
