Este lunes, la Fiscalía de Estado publicó las declaraciones juradas del ex gobernador Francisco Pérez y de sus ex funcionarios. A través del sitio web la información quedó abierta a los ciudadanos que pueden conocer acerca de las propiedades, vehículos, cuentas y sueldos de los funcionarios. Sin embargo, el dato al que todos quieren acceder no figura y es la cantidad de dinero en efectivo y en los bancos que tiene cada uno. Desde el organismo de control explicaron de qué manera la ciudadanía puede conocer los datos que fueron resguardados.

Muchos se quejaron de los valores ínfimos con los que figuran las propiedades, ya que según explicaron diversos escribanos, realizan un cálculo con el avalúo fiscal para evadir impuestos. Pero los datos como el domicilio, dominios, y montos de los depósitos y dinero en efectivo no figuran porque están resguardados por el artículo 11 la Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326.

Ver también: Las trampas de los funcionarios en sus declaraciones juradas

Para que el fiscal de Estado otorgue información como el número exacto del dinero con el que cuenta un funcionario las personas tienen que realizar un pedido demostrando un “interés legítimo”. Pero no basta con eso además debe contar con el consentimiento del funcionario para que el denunciante pueda acceder a los datos.

La normativa señala que “los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo”.

Ver también: El lujoso departamento que compró la esposa de Pérez

Lo que establece la resolución Nº 036 de la Fiscalía de Estado además de buscar la difusión y la transparencia, es proteger la “intimidad y seguridad” de quienes presentan la declaración de bienes. De esta manera quien tiene sospechas acerca de la veracidad de esas declaraciones tendrá que presentar una solicitud por escrito en la Fiscalía de estado acreditando un interés legítimo. Para demostrarlo es necesario justificar que no se trata de una mera curiosidad sino que tiene alguna prueba o sospecha de que la declaración no coincide con lo que el funcionario tiene en realidad.

Luego el fiscal de Estado analizará la situación y en el caso que lo necesite solicitará la información a la Escribanía de Gobierno para brindarle la información al ciudadano. Si el funcionario se niega a que se cedan los datos, el organismo de control será quien después de evaluar decida si se brinda o no la información solicitada.

A pesar que las declaraciones juradas ya están a disposición de todos, hasta el momento nadie presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado o un requerimiento más preciso del dinero que poseen los funcionarios.

La norma surgió a falta de una ley de acceso a la información pública en la provincia, por eso el 28 de octubre del año pasado Pérez firmó el decreto 1.789 mediante el cual obligó a los funcionarios y a los empleados públicos que manejen fondos oficiales a presentar declaración jurada patrimonial. Hay que recordar que el decreto obliga al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento y las dos cámaras legislativas adhirieron. Sin embargo el Poder Judicial y los municipios no se acoplaron a la iniciativa.

Resolución