El kirchnerismo y el peronismo se están despidiendo de su rol opositor en el Parlamento nacional dejando una huella cuanto menos intrigante, y por supuesto que preocupante de cara al rol que tendrán en breve, cuando desembarquen como ese nuevo oficialismo en la sala de comando del control institucional del país. Es que ayer, sus legisladores no dieron quórum en Diputados para la sesión en la que se preveía tratar, discutir y eventualmente aprobar el proyecto de ficha limpia, aquel que impide a condenados por delitos de corrupción en segunda instancia presentarse como candidatos a cargos electivos.

Lejos de las chicanas acostumbradas en toda discusión política, mucho más de las que se dan cita en cualquiera de las cámaras parlamentarias, la decisión que tomó la bancada perokirchnerista en su conjunto en Diputados de la Nación, cuanto menos, nubla el panorama que se avecina de cara a lo que será su nuevo e inminente gobierno. Porque en Argentina ya no se está para bromas de mal gusto ni mucho menos para permitir y soportar que todavía existan algunos espacios, aunque fuesen mínimos, como para tolerar posibles actos y hechos de corrupción cometidos desde la administración del Estado.

En agosto, el proyecto conocido como “ficha limpia” había logrado un dictamen de mayoría y, ante la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que fuese incluido en la maratónica sesión del miércoles –aquella en la que Diputados trató casi un centenar de proyectos, entre ellos las populares Ley de Góndolas y Ley de Alquileres, que consiguieron media sanción–, el oficialismo llamó a una sesión especial para el jueves ayer, buscando el tratamiento y la aprobación de la iniciativa.

Pero, el peronismo en su conjunto evitó ocupar sus lugares en el recinto y con eso no permitió que se alcanzara el número necesario para habilitar la sesión. El principal argumento para tomar esa posición fue que consideraba insuficiente que sólo se tomara como falta ética para ser candidato un delito contra la administración pública o aquellos delitos de corrupción clásica como se conocen, sin incluir en la normativa los de lavado de dinero, el fraude comercial, la evasión fiscal y las cuentas en los paraísos fiscales, como había planteado en su propio dictamen.

La historia del proyecto es, al menos, vergonzosa. Vergonzosa en el sentido del camino que debió transitar con un objeto tan claro y preciso. Nació hace cuatro años, pero en el 2017 perdió estado parlamentario. En agosto había conseguido un dictamen de mayoría y si no se trataba antes de fin de mes, se volvía a caer. El miércoles no pudo ser incluido en ese centenar de proyectos tratados y aprobados y en la sesión especial de ayer no consiguió quórum, como era de esperar.

Cuando nació, la iniciativa había sido tomada de leyes similares que existen y están en vigencia en varios países de la región, como Brasil por ejemplo y por la cual Lula no pudo ser candidato en las últimas elecciones presidenciales por sufrir una condena en su contra, o en Chile, Uruguay, México, Perú, El Salvador, Honduras y España.

Está más que claro que el país está sumergido en un mar de problemas económicos, que padece muchas de las enfermedades que incluso ya han sido derrotadas en casi todo el mundo civilizado, como la inflación por caso; que no puede salir de ese estado de conciencia bimonetaria con el que piensa y actúa desde hace décadas y que no encuentra el plan de acción y de gestión que le dé algo de previsibilidad y de tranquilidad hacia dentro y hacia fuera.

Pero, si no resuelve su extraña relación con la corrupción, cuya dirigencia parece tolerarla por épocas y en otras se rasga las vestiduras cuestionándola y prometiendo terminar con ella más temprano que tarde sin hacer nada en verdad, difícilmente pueda avanzar hacia un estadio más alto donde sea considerado con un poco más de seriedad por el resto de las naciones del mundo.

También es cierto que, pese al fracaso en su tratamiento, no deja de ser un avance institucional que hay que reconocer, sin embargo. Algunos años atrás parecía, cuanto menos, imposible que un proyecto como el de la ficha limpia pudiese tener, siquiera, estado parlamentario. No hay que desdeñar ni minimizar tal acontecimiento. Porque se estaría más cerca de lograr por esta vía lo que no ha permitido un bochornoso sistema judicial que ha dejado tantas dudas con su accionar, extendiendo ese estado de impunidad que parece no tener fin y permitiendo, por caso, que alguien condenado y procesado no sólo pueda presentarse a elecciones como ha sucedido, sino estar pronto a asumir en altos cargos electivos como se verá en breve.