Alrededor de 104 familias esperan con ansias la entrega de sus viviendas ubicadas en el barrio Urquiza 2 de Guaymallén. Sin embargo, un conflicto con el Grupo Peñaflor podría dejarlos sin conexión de agua y, por lo tanto, con sus casas inhabitables.

“Todos los terrenos lindantes a nuestro loteo son del grupo Peñaflor y necesitamos el permiso de servidumbre para poder hacer la conexión de cloacas”, explicó Georgina Sanhueza, miembro de la Cooperativa Urquiza.

Según aseguró Sanhueza, antes de la construcción del barrio la gestión anterior de la Cooperativa había prometido comprar esos terrenos. Pero la cooperativa se fundió y la promesa de compra se hizo imposible.

El problema se tradujo en que, a pocos meses de la entrega, las viviendas no cuentan con un servicio básico como es la conexión de cloacas.

A mediados de 2016, la nueva cúpula de la cooperativa se comunicó con el grupo Peñaflor para iniciar la gestión del permiso de servidumbre. Así, desde la empresa les solicitaron informes y contrataron a un ingeniero para realizar el seguimiento.

La promesa del grupo Peñaflor

Pese a la insistencia, un año después los vecinos no recibieron respuestas del grupo económico que tiene sede en Buenos Aires. Por ese motivo este lunes se reunieron en la intersección de calles Roca y Urquiza para protestar en la puerta de bodega Santa Ana y exigir una solución frente al permiso de servidumbre.

El reclamo fue atendido por uno de los gerentes, Walter Pérez, quien aseguró que no estaba al tanto de lo ocurrido y se comprometió a darles una respuesta antes del jueves próximo.

En esta misma línea, desde el Grupo Peñaflor indicaron que se realizarán estudios pertinentes de cómo impactará esta situación a la producción de la bodega. Una vez que tengan estos informes, la empresa decidirá de qué manera colaborar.

La voz de la Municipalidad y del IPV

“Lo único que pedimos es que nos permitan realizar la obra para poder habitar el barrio. Venimos esperando hace 13 años y nadie nos da una respuesta”, expresó la mujer.

Asimismo, Sanhueza aseguró que desde la cooperativa se han reunido con la Municipalidad de Guaymallén y con el Instituto Provincial de la Vivieda (IPV) pero, hasta el día de la fecha, nadie les ha dado una respuesta.

Ante esto, el director de Obras de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó que la situación “escapa del alcance del municipio” pero que, en otros casos similares, lo resolvieron de manera “provisoria” construyendo pozos sépticos. Además el funcionario le echó la culpa a la gestión anterior por aprobar este tipo de obras sin los debidos permisos.

“Esto se debería haber resuelto antes de hacer el barrio. No es la primera vez que ocurre”, alertó y aseguró que con el nuevo plan de ordenamiento territorial se van a poder prevenir estos errores.

Por su parte, el titular del IPV, Damián Salamone, indicó que la semana pasada hubo una reunión entre el gerente de seguimiento de la entidad y el EPAS para establecer posibles soluciones a esta problemática.

“La cooperativa hizo las obras de urbanización con recursos propios, el IPV sólo financia la construcción de las viviendas”, explicó el funcionario.

Según adelantó Salamone, las alternativas serían tres: que la bodaga otorgue el permiso; la expropiación a través de una ley de protección y la declaración de utilidad pública.

“Esto es una problemática que asumimos la responsabilidad porque no queremos que los vecinos se queden sin sus casas pero en el expediente está expresado que era la cooperativa quien se comprometía a dejarlo solucionado“, agregó el funcionario.