Ginés González no descubrió nada nuevo pero puso claridad a un tema que había quedado en las sombras y que tiene que ver directamente con la política de salud pública. Reinstalar el protocolo para la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) es darle marco normativo a un concepto que ya está contemplado en el Código Penal pero que necesitaba una reglamentación para su práctica.
La ILE es diferente de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esa es otra discusión y tiene que darse en el Congreso de la Nación a partir de un proyecto que, según Alberto Fernández, sería uno de los primeros en ser enviados tras asumir como presidente.
Pero, mientras eso ocurre, era necesario que el Estado dejara en claro y se hiciera cargo de aquellas mujeres que, por ejemplo, quedan embarazadas como consecuencia de una violación. La ley contempla abortos legales en esos casos y se debe garantizar el acceso a ese derecho porque, a pesar de la legalidad, hay médicos que se niegan. Ya no podrán.