El Gobierno asegura que cuenta con los votos necesarios para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aunque descarta que el proyecto se trate durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa iba a ingresar esta semana a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pero fue postergada y el oficialismo prevé retomar la discusión en marzo.

El decreto que extiende las extraordinarias hasta el 28 de febrero será publicado en el Boletín Oficial, aunque en la Casa Rosada admiten que “no dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”.

En Casa Rosada sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas, como Provincias Unidas, y estiman un piso de 131 votos para otorgar media sanción. La estrategia oficial pasa por ordenar el dictamen en comisión y cerrar el debate en el inicio del período ordinario.

En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a 56 universidades nacionales. La agenda técnica incluyó salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.

La nueva ley no deroga formalmente la norma vigente —sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, sino que modifica su esquema de actualización.

El texto propone reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados con cláusulas de revisión. El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos para gastos de funcionamiento respecto de 2025 y habilitar una instancia de evaluación en junio para medir eventuales desfasajes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La negociación se da mientras el Gobierno apela la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, tras un fallo de primera instancia que ordenó actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

En Balcarce 50 buscan evitar una nueva escalada política y judicial al inicio del ciclo lectivo y cerrar el debate con una norma que sustituya el esquema vigente.