Alberto Fernández no reveló quiénes fueron sus clientes cuando se desempeñó como abogado consultor en los tres años previos a asumir la presidencia y consideró “no haber incumplido normativa alguna”, segú se desprende de su respuesta a la Oficina Anticorrupción (OA), que le había solicitado la nómina de personas y sociedades para las que trabajó y que sean concesionarias o proveedoras del Estado, según publica el diario La Nación.

Después de que Fernández dijera que tuvo relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo de Cristóbal López, holding que podría ser beneficiado por la nueva moratoria aprobada en el Congreso, un diputado de la Coalición Cívica hizo una presentación ante la OA.

“Corresponde requerir al Presidente que informe a esta oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación -y la fecha del cese de tales prestaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por este”, escribió el titular de la OA, Félix Crous.

“No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada”, respondió Fernández en una nota enviada al organismo el 16 de marzo. 

También la aparición de una factura por “asesoramiento en materia penal” emitida por Fernández en 2017 por $435.000 a Oil Combustibles, despertó todo tipo de sospechas. Tanto el Presidente como la empresa aclararon que esa factura fue anulada y por lo tanto nunca fue cobrada.

Sin embargo, en una entrevista radial, Fernández reconoció que asesoraba a otras empresas de López. “Es cierto que, por el desorden administrativo que el Grupo [Indalo] tiene, una factura que debió haber ido a otra de las empresas del Grupo, que es cliente de la consultora mía desde hace mucho tiempo, terminó en Oil [Combustibles]”, dijo el jefe de Estado.

Además, en un dictamen del 19 de febrero, la OA le recomendó a Fernández que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ya que el ejercicio de la presidencia requiere “una dedicación exclusiva”.

Pero Fernández negó ambos pedidos. Por un parte, sostuvo que no es necesario renunciar a la empresa que comparte con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, porque no hay posibilidades de quedar inmerso en conflictos de interés alguno ya que la firma no registra ningún tipo de actividad comercial.

También descartó pedir la licencia universitaria que recomendó la OA al alegar que ya renunció a su sueldo como  profesor cuando asumió la presidencia, que solo es “docente interino con dedicación parcial” y que, además, realiza dicha actividad de manera “esporádica” y que de ese mismo modo continuará haciéndolo.