Febrero arrancó con la misma furia de calor con la que nos dejó el enero del 2020. Las vacaciones están promediando; una buena tanda de mendocinos ya experimenta el ansiado descanso anual, mientras otros ya están de regreso. Los políticos, en su mayoría, están entre los últimos. En la Legislatura, por caso, tanto a diputados como a senadores los está esperando la discusión sobre el presupuesto del año; el mismo que dejaron su tratamiento en los primeros días de enero, pateándolo hacia delante.

¿Y qué tiene de clave, de extremadamente llamativo o de vital importancia un proyecto de ley que determina en qué se gastarán casi 190 mil millones de pesos que el Estado administrará durante el 2020? En primer lugar, esa expectativa se explica en que se trata nada más y nada menos que de la manifestación más acabada de lo que será el plan de gobierno de la administración que lidera el radical Rodolfo Suarez. Y, junto con esto último, un asunto preponderante: el meollo de la cuestión, el corazón del alcaucil que ha motivado toda una polémica previa que viene arrastrándose desde mediados del año pasado, desde la época en que gobernaba la provincia Alfredo Cornejo. Se trata del endeudamiento de la Provincia, de su estado financiero y del famoso financiamiento de los vencimientos que el tecnicismo económico denomina roll over por unos 6.500 millones de pesos.

Es el único asunto que tiene ocupada a la oposición al nivel de obsesión. El perokirchnerismo sólo persigue que Suarez le reconozca que recibió una provincia con un estado financiero y de endeudamiento para el olvido; que la deuda de casi 74 mil millones de pesos es un gran problema producto de las decisiones que tomó en su momento Cornejo. Esto incluye la deuda que se tomó en dólares, y que en pesos se fue a las nubes por la devaluación de agosto.

Más que el peronismo tradicional, es el kirchnerismo el que busca afanosamente arrancarle al oficialismo que lidera el ex intendente de la Capital un reconocimiento de una situación apremiante, que cree ver con los números de la Tesorería. En algún punto, ese kirchnerismo que se ha sentido humillado, ninguneado y vapuleado al extremo por el ex gobernador, sueña con un escenario más o menos parecido al que se vivió en la provincia cuando Arturo Lafalla, aquel peronista que asumió la Gobernación en 1996, ordenó denunciar a su antecesor, también peronista, el Rolo Gabrielli, por haberle entregado la gestión con unos 1.000 millones de dólares de deuda.

Lafalla, por entonces, ya veía las dificultades que tendría por delante, al punto de tener que tomar una de las medidas que la historia ha condenado fuertemente, como la privatización de los ex bancos estatales de Mendoza y de Previsión Social.

Se dirá, a su favor, que no tenía alternativa, lo que puede ser cierto. Pero el lastre que dejaron esos bancos para la provincia para que pudiesen ser entregados saneados a un grupo empresario que jugaría a la lotería con ellos, fue descomunal. Tanto que explica, en parte, el atraso mendocino de los últimos años desde lo financiero y por la situación de sus cuentas, independientemente del color político que la haya gobernado.

En el Gobierno esperan una discusión dura por estas razones para sacar el presupuesto aprobado desde la Legislatura, porque todo indica que, más allá de algunas diferencias que el actual elenco gobernante tiene con Cornejo, no le darán al kirchnerismo lo que pretende: que Suarez entregue a Cornejo como Lafalla entregó en su momento al Rolo Gabrielli.

Hace unos días, Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda de Suarez y el mismo funcionario que manejó las finanzas durante el gobierno de Cornejo, delineó el plan de contingencias para manejarse ante el hipotético caso de no contar con el roll over, o el rediseño de los vencimientos por 6.500 millones de pesos.

“Todo lo que tengan del presupuesto blando lo van a tener que resignar”, les dijo a sus colegas del gabinete. Como ministro de Hacienda, Nieri tiene la facultad de recortarles a las áreas los recursos que se cree no son vitales para el funcionamiento del Estado. Una vez que se ha calculado el pago de los sueldos y de los gastos esenciales, se resigna el resto.

Eso provocó, entre otras cuestiones llamativas que ha tenido la política en este verano, que entre el vicegobernador Mario Abed y el ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié, se produjera una suerte de altercado o enfrentamiento, porque Abed le habría reclamado al ministro el uso inmediato de unos 400 millones de pesos del denominado Fondo Contracíclico Vitivinícola para asistir a los productores pequeños. Ese fondo está suspendido, responden en Economía, porque Nieri necesita recortar los 6.500 millones del roll over que el peronismo le está negando.

Así arranca febrero, con los mismos temas irresueltos que ha dejado el 2019. Con un gobierno más que obligado a imponer una agenda de crecimiento económico sin uno de los motores que imaginaba hacer funcionar tras el no a la minería, y una oposición, peronista, sobre todo, que sigue dando muestras de confusión al no poder acertar, todavía, en temas y asuntos de un vuelo superior de los que tiene entre manos.