Tras las masivas protestas de este sábado, el Gobierno nacional puso paños fríos a la posibilidad de expropiar la cerealera Vicentin y apuesta al plan que ofreció el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para resolver el conflicto político que se desató con el anuncio de la medida.
El presidente Alberto Fernández recibió este domingo a Gabriel Delgado, el hombre elegido para la intervención pero que tras al fallo del juez Fabián Lorenzini quedó como veedor del proceso de convocatoria de acreedores solicitado por la firma santafesina.
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Según publican medios nacionales como Clarín y La Nación, Fernández habría pasado al archivo el proyecto que hace dos semanas atrás presentó con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Entre las alternativas estudiadas por el Gobierno nacional, la más fuerte fue la presentada por el gobernador Perotti, que promueve una intervención ante la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) de Santa Fe. Esta iniciativa ya fue presentada al jueza Lorenzini, con el fundamento de que “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
“El objetivo es rescatar la empresa, el único instrumento viable que veía Alberto Fernández era la expropiación pero desde el primer día dijo que si traían otro instrumento lo iba a analizar. Desde hace varios días se estaba trabajando esta opción. Si camina se resuelve por ahí. Si no camina la vía es la expropiación”, dijeron fuentes oficiales al diario La Nación.
Pero no es la única salida que está sobre la mesa de negociaciones.
También la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la firma santafesina adeuda unos 100 millones de dólares, propuso al gobierno de Perotti que Vicentin establezca un plan para que las ganancias estén destinadas a los acreedores por un tiempo determinado, una idea que deja afuera al Estado. En este punto, destacan la necesidad de que la empresa, y sus distintas unidades, sigan funcionando y no se pierda capital.