El kirchnerismo quiere revisar la designación de diez jueces federales vinculados a investigaciones contra Cristina Kirchner y otros dirigentes kirchneristas.

Se trata de un magistrado que participará del juicio por los cuadernos de las coimas, otro que avaló la vicepresidente y tres jueces con competencia electoral de Jujuy, Chaco y Misiones, entre otros. 

La opción la planteó esta semana el Gobierno al asegurar que se cometieron irregularidades en sus traslados y exigió que el Senado apruebe sus pliegos si los jueces desean continuar en el cargo. En esta cámara el peronismo tiene mayoría.

El proyecto fue formalizado esta semana por Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, quien le envió una nota a la diputada Graciela Camaño para que ponga a disposición la iniciativa en la próxima reunión del organismo, a desarrollarse el jueves. 

El Gobierno sostiene que los traslados incumplieron criterios vinculados a la falta de competencia temática, los cambios de jurisdicción o una mayor jerarquía en los cargos por ocupar, todos límites previstos por la Corte Suprema y por el reglamento interno del Consejo.

En esta categoría de supuestos movimientos internos irregulares incluyó a Fernando Machado Pelloni, quien fue trasladado del TOF 7 de Capital Federal al TOF 3; a Andrés Basso y a Javier Ríos quienes están en la misma situación que el primero. El TOP 3 lleva adelante el juicio por el fraude al Estado de Oil Combustibles por más de 8 mil millones de pesos y en el que está imputado Cristóbal López, entre otros.

En la nota el representante del Gobierno, objetó también al ex presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien jugó un papel clave para la declaración de inconstitucionalidad de la “Democratización de la Justicia” que impulsó Cristina en su segundo mandato.

En la tercera categoría, se objeta que “no se ha dado cumplimiento al art. 1 inc. B del Reglamento de Traslados aprobado por la Resolución 155/00 del Consejo de la Magistratura”. En esta incluye a los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quien antes habían estado antes en un tribunal oral federal. Sacarlos ayudaría también en otras causas en que Cristina está imputada en los juzgados de instrucción que depende de ese tribunal. En la jugada, también objeta el traslado del ex miembro de esa sala, Eduardo Farah a un tribunal oral en lo penal económico.

Otra de las objeciones es contra el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien impulsó la causa por supuesto espionaje ilegal contra el macrismo a principios de año, en sintonía con la estrategia K. Ahora que la Cámara Federal de La Plata le sacó esa causa los K lo objetan porque había sido designado por el Senado para el juzgado federal de Moreno.

La oposición ya adelantó que intentará frenar el proyecto y, por su parte, tres de los jueces mencionados dijeron que judicializarán el conflicto si el tema avanza en el Consejo.