La Anses dispuso que aquellos funcionarios judiciales que hayan iniciado las gestiones para jubilarse y que siguen trabajando deberán renunciar o caerán sus trámites. La resolución del organismo conducido por la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta, generó preocupación en el mundo judicial, que interpretó esta decisión como una nueva embestida del Ejecutivo.
Es frecuente que al alcanzar los 60 años, jueces y fiscales inicien el trámite jubilatorio pero sigan trabajando en sus cargos. Unos 200 jueces y fiscales se encuentran en esa posición y analizan qué hacer: hay quienes pronostican una catarata de amparos y planteos para detener la medida.
En este sentido la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial convocó a una reunión interna para informar a sus socios la situación que se genera con la resolución PREV-11-16 de ANSeS.
Entre los que están en esa situación aparecen la jueza María Servini, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli y el juez de Casación Eduardo Righi, a quien denunció el abogado de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura.
La resolución, que puso en marcha la ley que modificó el régimen de jubilaciones del Poder Judicial en marzo del año pasado, dice que aquellos magistrados que tienen jubilación otorgada serán intimados y tienen 30 días para presentar renuncia. Si no, se reservan el derecho de revisar todo el trámite jubilatorio ya concedido.
“En los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”, indica la resolución de la Anses.