Un vuelo en helicóptero sobre zonas del Gran Buenos Aires en las que se tendría que haber levantado, supuestamente, algún que otro hospital o centro de salud y que no se concretó; conferencias de prensa televisadas y sin periodistas que puedan hacer preguntas o pedir aclaraciones; un mensaje de voz del presidente a un programa de radio para celebrar el debate entre los oyentes y la preocupación generalizada sobre el curso de la pandemia; la disposición “excepcional”, según se aclara, de unos 25 millones de pesos de fondos públicos, repartidos entre todos los diputados nacionales para que cada uno de ellos los entregue como donación y ayuda a quienes elijan y estén comprometidos con el combate del nuevo coronavirus; cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas privadas que debían traer a decenas de miles de argentinos en el exterior y permitirle la operación sólo a la de bandera, Aerolíneas Argentinas, para luego, una vez comprobado el desquicio de la medida, revertirla, no parece haber sido la mejor respuesta –ni la más inteligente–, por parte de un Gobierno nacional con intenciones serias y decididas de frenar las peores consecuencias que –se cree– pueda desplegar sobre Argentina la pandemia del COVID-19.

Es que, mientras por algunos momentos y pasajes el gobierno de Alberto Fernández sostiene que la lucha contra la nueva enfermedad es una empresa colectiva, despojada de cuestiones ideológicas y partidarias, por otros, confunde reavivando la grieta, arrojándole a la crisis más querosén que agua para apagarla. En la misma línea, hay que decirlo, se han movido, por caso, algunos –no todos– de los líderes de la oposición al peronismo gobernante, con críticas y más críticas de tinte ideológico, que nada, absolutamente nada, aportan en momentos clave como el que transita el país. Pero, como siempre, quien tiene más responsabilidad en este gran lío es quien gobierna, indistintamente de quién sea o a qué partido o coalición pertenezca.

Cuando el Gobierno cerró las fronteras y las rutas aéreas que conectan a Argentina con el mundo, la medida se festejó y se asumió como necesaria para contener o intentar frenar la llegada del coronavirus por esa vía. Sin embargo, más de 20.000 residentes en el país quedaron aislados en varias capitales del mundo. Es que la orden llevaba implícita la prohibición de operar a las aerolíneas privadas para mantener operativa sólo a Aerolíneas Argentinas. Con el correr de los días se presentó, como una estrategia de campaña propagandística oficial de baja estofa, que sólo una empresa como la aerolínea de bandera podía hacer patria, por medio de un gran esfuerzo, para repatriar a los varios miles de viajeros varados. Los testimonios, angustiantes, de aquellos aislados en los aeropuertos de Madrid, Miami, Alemania o en casas de amigos, familiares o en algún hotel todavía habilitado de alguna que otra ciudad europea se diseminaron por los grupos de WhatsApp casi con la misma rapidez y dramatismo que la pandemia.

¿Cuál resultó ser el efecto inmediato de la medida? ¿Fue, acaso, el levantamiento de un muro inexpugnable para el posible ingreso de la enfermedad? En absoluto. La locura y el odio en las discusiones desparramados por las redes sociales, el escenario donde se libran las batallas más sangrientas en términos políticos, copó la cuarentena de los argentinos. Argentinos o residentes en el país, con boletos de regreso adquiridos en aerolíneas que tenían impedido el ingreso a los cielos de la patria, terminaron siendo objeto de maldiciones y burlas surgidas del ala más fanática y radicalizada de esa parte de la grieta que hoy apoya a quien ostenta el poder. Por supuesto que el Gobierno debió revertir aquella restricción y dispuso, como era necesario, permitirles a aquellas aerolíneas traer a sus pasajeros a Argentina. De lo contrario, esos pasajeros debían pagarle a la aerolínea de bandera alrededor de 500 euros para volver, siempre y cuando consiguieran una plaza en los aparatos de la compañía nacional porque, como era de suponer, daban prioridad a aquellos que habían adquirido el paquete en sus boleterías.

Igual de vergonzosa resultó ser la disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando decidió ampliar el subsidio de 70.000 pesos que cada diputado recibe para repartir a discreción, llevarlo a 100.000 pesos y sugerir que fuese destinado en el contexto de la campaña nacional contra el coronavirus. Un disparate en todo sentido, aunque los frentes hayan resuelto donar esos millones de pesos que se autorrepartieron al Instituto Malbrán o a otras instituciones. Un sinsentido y un accionar propios de una cultura política de otros tiempos, de los caudillos, de los señores feudales, de los mesías. Una vergüenza y un estilo de un sector de la política que, aunque sea de no creer, todavía se mantiene en pie.