La existencia de vehículos clandestinos que brindan servicios de taxi, más conocidos como “remises truchos”, es uno de los constantes reclamos de los taxistas en la provincia. En 2018 se labraron 425 sanciones a este tipo de rodados y se retuvieron 246 autos.
Desde 2015 a 2018 aumentó más de un 300% la cantidad de vehículos multados por realizar actividades de traslado clandestinas. A su vez, también se incrementó la cantidad que, además de la infracción, también eran secuestrados. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que se registran al momento de intentar incautar un rodado es el espacio de guarda del mismo debido a que las playas están colapsadas.
La tarea de realizar el control de la actividad recae sobre los hombros del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), que se conformó formalmente en septiembre de 2018. Antes, dicha función era realizada desde la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia.
Según explicó a El Sol, Manuel López, vicepresidente del EMOP, en 2015 se labraron 100 multas. Sobre ese total, se retuvieron 9 vehículos.
En 2016 “se produjo un salto abrupto en términos de cantidad de actas de infracción labradas a clandestinos. Fueron 330 en total y se retuvieron 101 vehículos”, detalló López.
Al año siguiente fueron 323 los autos multados, y se secuestraron 192. En tanto, el año pasado se identificó a 425 rodados en estas condiciones y se retuvieron 246.
A su vez, López destacó que la cantidad de vehículos controlados creció considerablemente por el trabajo de los inspectores, pero también por una política de trabajo trazada desde que Carlos Matilla asumió la Dirección de Transporte en 2015 y luego la presidencia del EMOP, en 2018.
En cuanto a lo recaudado a raíz de estas infracciones, los montos también crecieron desde los $54.893 en 2015, $1.178.396 (2016), $2.846.280 (2017) y $4.218.180 (2018).
Con respecto al secuestro de los autos, el vicepresidente del EMOP explicó que son “lo que más afecta, porque de esa manera se interrumpe la actividad del clandestino”.
Una vez que el auto fue incautado, implica para su propietario un costo de alrededor de $30 mil para poder retirarlo en el plazo de un mes, o superior según el tiempo que permanezca el vehículo bajo guarda. Este importe se debe a la infracción, que actualmente cuesta $12 mil, se le suman otros $13.500 por el código de liberación, más los gastos de custodia del vehículo que implican alrededor de otros $4 mil al mes. A su vez, en caso de reincidencia, se duplica el valor de la multa para el infractor.
“Desde el momento en que el vehículo es retenido, se inicia el trámite y concluye el proceso con la liberación, lo que implica por lo menos un mes de retención”, destacó López.
De todas formas, de 548 vehículos secuestrados en el lapso 2015-2018, fueron liberados 481 tras el correspondiente pago de las sanciones.
Un dolor de cabeza para los taxistas
Por su parte, Mariano Muñoz, propietario de taxis, aseguró que los vehículos clandestinos representan un problema para el sector.
“Los truchos funcionan como una escapada laboral. Algunos hacen viajes cada tantos y hay otros que los usan para vivir. Sin embargo creo que el problema en sí no es aquel que realiza la actividad sin estar en regla, sino los que le dan trabajo al clandestino”, detalló y apuntó contra empresas legales como remiserías que utilizan estos servicios.
En ese sentido, Muñoz denunció que “al ser tan rentable y fácil, hay propietarios de taxis que están encarando también esta actividad. Dejan de invertir en el legal y empiezan con el trucho porque ven que lo pueden hacer. Son personas que tiene varios taxis, por ahí más de 10 y suman 3 o 4 que no están en regla. Entonces, si llegado el caso, les retienen uno, no les hace daño, porque tienen espalda para aguantar y seguir”.
Al referirse a la creencia popular de que el clandestino es más económico que el legal, Muñoz destacó que las personas que optan por este servicio “lo hacen porque creen que es más barato, pero en realidad termina saliendo lo mismo. Además, al utilizar estos vehículos no tienen las garantías que poseen los taxis, en cuanto a seguridad, por ejemplo”.
Las zonas de operación
Con respecto a las zonas donde hay mayor cantidad de operaciones de servicios clandestinos, se destacan aquellas que tienen mayor flujo de personas, como las aledañas a las terminales.
Entre los más recurrentes se destacan servicios desde la Terminal de Ómnibus hacia destinos como Cacheuta, Potrerillos y al centro mendocino. También detectaron varios casos en el Valle de Uco, en los alrededores de la Terminal de Tunuyán y en centros de discapacidad, entre otros.
El proceso para poder realizar la infracción no es simple, ya que “hay que agarrarlos andando, que la persona pague al finalizar el viaje” ya que se debe comprobar que existió un intercambio monetario por el servicio, detallaron desde el EMOP.
En ese sentido, refirieron la importancia del trabajo de los inspectores. En la actualidad hay 20 en el Gran Mendoza. A su vez, en el resto de los departamentos hay equipos que realizan estos controles.
El problema de los lugares de guarda
Al hacer referencia a las playas donde se trasladan los autos secuestrados, López reconoció que actualmente poseen un problema de infraestructura ya que “las playas de retención están colapsadas, por ejemplo la de Luján. Allí gentilmente nos permiten tener los autos, pagando el debido costo, por supuesto”.
Además detalló que, en ocasiones, “el inspector labra el acta, lo quiere retener y no tiene cómo porque no hay donde guardar el auto. Si no sería todavía mayor el número. Si solo en 2016 las retenciones crecieron sustancialmente, en gran medida es porque se habilitaron más espacios en las playas”, concluyó.