La Cámara de Diputados podría convertir en ley el proyecto que penaliza la corrupción empresaria -con los cambios incorporados por el Senado- luego de que el oficialismo consiguiera, con el justicialismo y el massismo, firmar el dictamen respectivo.
De esta manera, Argentina cumplirá con el requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pidió la sanción de una norma que castigue la corrupción empresaria.
El camino que recorrió la iniciativa fue largo. Primero, en julio, Diputados le dio media sanción. Sin embargo, desde un primer momento en el Senado sabían que le iban a hacer modificaciones sustanciales porque había algunos puntos que eran inviables. Los dos más cuestionados -que se removieron- eran la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la cantidad de delitos que abarcaba la ley.
Casi tres meses después, a fines de septiembre, el Senado aprobó con cambios el texto. En el medio, hubo reuniones de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción y principal parte interesada en que se sancione, con diputados y senadores de Cambiemos para que apuren los trámites. Hasta hubo un pedido de que la Cámara baja diera el visto bueno a los cambios del Senado ya que la prioridad era tener ley.
Ahora, el texto de la norma que se aprobará contempla que los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas prescriben a los seis años y las multas serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. Y los delitos que abarca son cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.