El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos en España, que incluye la extensión hasta 2030 de la protección frente a determinados desalojos de personas vulnerables. El anuncio se produjo en medio de una fuerte movilización social por la crisis habitacional y pocos días después del desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
Las medidas fueron acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar y quedaron plasmadas en dos reales decretos ley. Entre los principales puntos figuran la protección frente a los desahucios para personas vulnerables hasta 2030, la prórroga durante dos años de determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Esto sumado a la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y una prohibición temporal para que determinados fondos de inversión compren viviendas.
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El paquete deberá ser ahora debatido y votado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo convocó un pleno extraordinario para este viernes, pero el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita negociar con otros grupos para conseguir la convalidación de los decretos.
El caso que encendió las protestas
Las nuevas medidas llegan después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía desde hacía décadas en un departamento de Madrid. Su salida del inmueble, realizada en medio de un importante operativo, generó una ola de indignación y transformó su caso en el eje de las movilizaciones por el acceso a la vivienda.
La situación provocó además una acampada en la Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. Cientos de personas instalaron tiendas para reclamar cambios en las condiciones de los alquileres y una mayor protección para quienes enfrentan procesos de desalojo. La protesta se extendió durante varios días y recibió el respaldo de organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad española.
El Gobierno comenzó a referirse al paquete como el “decreto Maricarmen”, en alusión a la jubilada cuyo desalojo puso nuevamente la crisis de vivienda en el centro de la agenda política española.
Qué medidas anunció el Gobierno
Uno de los puntos centrales es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios de personas consideradas vulnerables. La medida busca evitar que quienes se encuentran en una situación económica y social especialmente delicada pierdan su vivienda sin una alternativa habitacional.
También se estableció una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La extensión no opera automáticamente: los inquilinos deberán solicitarla y se aplicará bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Otro de los puntos incluidos es la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades que fueron señaladas por las organizaciones de inquilinos como parte de los cambios necesarios para mejorar la estabilidad habitacional.
El Gobierno también anunció restricciones para la adquisición de viviendas por parte de determinados fondos de inversión hasta 2028. La medida apunta especialmente a uno de los sectores cuestionados por las organizaciones que participan de las protestas.
En paralelo, PSOE y Sumar acordaron avanzar con otro decreto que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler. Sin embargo, esta iniciativa todavía enfrenta un escenario parlamentario más incierto y no cuenta con los apoyos suficientes para garantizar su aprobación.
El Gobierno necesita negociar para aprobar los decretos
La principal dificultad para Sánchez está ahora en el Congreso. Aunque el Ejecutivo logró cerrar el acuerdo dentro de la coalición, necesita sumar apoyos de otros bloques para que las medidas sean convalidadas.
Uno de los partidos clave es Junts, que manifestó reparos al paquete y pidió que las nuevas normas también tengan en cuenta la situación de los pequeños propietarios. Su posición resulta relevante porque los votos de las fuerzas que no integran el Gobierno serán determinantes para la aprobación.
Desde la oposición, el Partido Popular (PP) cuestionó las medidas y rechazó el enfoque adoptado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis habitacional.
El debate parlamentario se producirá mientras continúan las movilizaciones en distintas ciudades españolas.
La Puerta del Sol sigue ocupada
La protesta en Madrid comenzó después de una manifestación convocada por organizaciones de inquilinos y rápidamente se transformó en una acampada multitudinaria. Según RTVE, cientos de personas permanecieron durante varias noches en la Puerta del Sol para reclamar cambios en el mercado de alquileres.
Los manifestantes reclaman, entre otras cuestiones, contratos de alquiler más estables, protección frente a los desalojos y medidas para contener el aumento de los precios. El Sindicato de Inquilinas fue uno de los principales impulsores de las movilizaciones.
El anuncio del Gobierno no significó el final de las protestas. Las organizaciones sociales anticiparon nuevas movilizaciones en otras ciudades españolas y señalaron que esperarán a conocer en detalle el contenido definitivo de las normas antes de evaluar el alcance de las medidas.
Mientras tanto, el caso de Maricarmen tuvo además una derivación particular: la empresa propietaria de la vivienda alcanzó un acuerdo para permitirle regresar al departamento bajo determinadas condiciones. La mujer, que permaneció hospitalizada después del desalojo, debía todavía aceptar y formalizar ese acuerdo.
La crisis de vivienda
El conflicto se produjo en un contexto de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario español. El aumento de los alquileres, la falta de oferta y las dificultades para acceder a una vivienda propia se convirtieron en uno de los principales problemas sociales y políticos del país.
La discusión también enfrenta posiciones diferentes sobre cómo abordar el problema. Mientras las organizaciones de inquilinos reclaman mayores restricciones y protección para quienes alquilan, distintos sectores políticos y representantes de propietarios plantean que las medidas deben contemplar también los derechos de los pequeños dueños.
Con información de AFP.