El hallazgo de perfiles en redes sociales que serían del acusado de asesinar a la adolescente Florencia Romano (14) generó un fuerte impacto en la familia y también en el ámbito investigativo del caso.

Tanto es así que los papás de la víctima, representados por los abogados querellantes, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, presentarían en las próximas horas todas las pruebas que consiguieron entre el jueves y viernes de la semana pasada para que la Justicia profundice una instrucción, tal como publicó El Sol.

La idea es que se investiguen posibles casos de grooming –una de las hipótesis sostiene que Pablo Arancibia (33) intentó captar a otras menores– o cualquier hecho irregular o delictivo que pueda haber cometido el sospechoso durante el tiempo que lleva en la cárcel (desde un par de días después de su detención, el 15 de diciembre).

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De acuerdo con información a la que accedió este diario, Arancibia intentó comunicarse con un grupo de amigos de la primaria a través de Facebook.

Utilizando el nombre de una mujer y la foto de una chica adolescente o menor de edad, escribió y buscó explicarles que no todo lo que se decía en los medios era cierto, explicaron fuentes del caso.

También habría abierto una cuenta en la red social de las fotos y los videos: Instagram. Y le escribió a un conocido. Le dio su nombre, el número de teléfono que estaba utilizando, le explicó que debía “andar con un Inst trucho” y le pidió que no lo juzguen porque él todavía no ha contado su versión del hecho en el expediente.

Efectivamente, Arancibia, hasta este martes, no declaró en la causa.

Fue una joven de ese grupo que lo conocía quien, indignada al enterarse que Arancibia buscaba contactarse o explicar su versión del hecho ante sus amigos, decidió contactarse con el padre de Florencia Romano.

Le aportó las pruebas (nombre de perfiles y chats) y el hombre decidió hablar con sus abogados.

Ante la trascendencia del caso, desde el Servicio Penitenciario (SP) decidieron quitarle el teléfono celular a Arancibia para remitírselo al fiscal que trabaja casos de grooming en la provincia, Santiago Garay.

Desde el año pasado, y por resolución del juez Sebastián Sarmiento al conocer que no se permitían las visitas a los internos de las cárceles por la pandemia del coronavirus, los presos de las cárceles tienen autorizado el uso de celulares. “Los aparatos están registrados y pueden ser retirados ante cualquier inconveniente o denuncia que surja”, tal como detalló una fuente del SP.

Garay iba a solicitar al juez en las próximas horas abrir el aparato para su correspondiente análisis. Si no encuentra pruebas de acoso contra menores o intento de captación, el caso será archivado.

Paralelas

Mientras tanto, las investigaciones que buscan esclarecer el femicidio de Florencia y determinar responsabilidades en el accionar de la operadora del CEO que no dio curso a una llamada mientras ser perpetraba el homicidio, avanzan con el objetivo de esclarecer los hechos.

La fiscal Claudia Ríos está a punto de culminar la investigación por el femicidio para elevarla a juicio y este lunes la Inspección General de Seguridad (IGS) lideró la reconstrucción del llamado del testigo que aseguró que se estaba produciendo violencia de género en la vivienda donde finalmente asesinaron a la menor.

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Por este último caso, la mujer policía Soledad Herrera está complicada y podría ser exonerada de la fuerza, debido a que decidió cortar la llamada cuando creyó que el hombre que informaba sobre el caso le estaba tomando el pelo.

Florencia Romano fue asesinada a golpes en la tarde del sábado 12 de diciembre. Salió de su casa de Rodeo de la Cruz y se juntó con Arancibia, a quien había conocido a través de las redes, con la intención de pasar la tarde.

La hipótesis sostiene que Arancibia quiso abusar de la menor de 14 años y la mató cuando encontró resistencia de parte de la víctima.

Tras el crimen, quemó parte del cadáver y lo descartó en calle Alsina de Maipú, después de que contactara a un primo y lo engañara diciéndole que el bulto que buscaba trasladar en un auto era un perro que había atropellado.

Cinco días después del crimen, y 48 horas después de la detención del sospechoso, los investigadores encontraron el cuerpo.