El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) convocó a la audiencia pública para debatir el incremento del componente local de la tarifa de luz para el próximo año. El encuentro virtual y no vinculante se desarrollará el 11 de diciembre a las 11 horas.

El EPRE ya realizó los estudios técnicos para determinar el “nivel de adecuación” del Valor Agregado de Distribuición (VAD), el único componente de la boleta del servicio eléctrico que define el gobierno provincial. Los dos restantes son nacionales e impositivos.

“El EPRE ha procedido a la determinación del nivel de adecuación para cada distribuidora a partir del análisis de la estructura de costos eficientes determinados en la última Revisión Tarifaria Ordinaria y una evaluación del impacto real de los mismos”, sostiene la resolución 149 del organismo de control presidido por Andrea Molina, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Sin aumentos del VAD desde 2019

En la audiencia pública, además del análisis del posible incremento del VAD, se debatirán tres propuestas de la Secretaría de Servicios Públicos, al mando de Natalio Mema:

  • “Plan canje” de multas por obras.
  • Incremento del cargo CCCE (Contribución para la Compensación de Costos eléctricos) del 5% al 7,5% para cubrir el beneficio de Tarifa Social, excluyendo al Riego Agrícola.
  • Ingresos no percibidos por las distribuidoras.

El elemento local de la factura del servicio eléctrico no aumenta desde julio del 2019. En ese momento se aplicó un incremento del 16% promedio para usuarios residenciales, pero basado en estudios técnicos de diciembre del año anterior.

Durante este año marcado por la crisis y la pandemia de coronavirus, las tarifas se congelaron. Por eso el gobierno busca alternativas para compensar de alguna manera a las eléctricas. Allí entra en juego el “plan canje” de multas por obras que, antes de llegar a la audiencia pública, requiere de un acuerdo previo con las distribuidoras.

Ver también: Multas por obras: el “plan canje” para calmar a las distribuidoras

El contrato de concesión obliga a las distribuidoras a sostener ciertos niveles en la calidad del servicio. Cuando no los alcanzan (por interrupciones de larga duración o bajas de tensión, por ejemplo), son multadas. Esas sanciones deben regresar a los usuarios afectados a través de bonificaciones en sus boletas. 

Este es el esquema que se dejaría de lado, excepcionalmente, si el Ejecutivo logra acordar con las empresas que en lugar de reintegrar a sus clientes el dinero de las multas, lo inviertan en obras -que por contrato están obligadas a realizar- en las “zonas rojas”, donde la calidad del servicio es menor.

Auxilio nacional, dudas en Mendoza

En cuanto a los ingresos no percibidos por las empresas, se debe aguardar la sanción definitiva del Presupuesto nacional 2021, que en su artículo 87 establece beneficios para que las distribuidoras se pongan al día con Cammesa. Se trata de una moratoria con facilidades de pago a una tasa de interés por debajo de la de mercado.

Pero la adhesión no es automática ya que la Secretaría de Energía será la encargada de evaluar la situación de cada distribuidora.

“El régimen de regularización de obligaciones deberá establecer criterios diferenciados para lo cual deberá considerar origen y trayectoria de la deuda de cada una de las distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público”, dice el proyecto que tiene media sanción de Diputados y será aprobado en el Senado.

Sería un gran alivio principalmente para Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, que a fines de septiembre le debía a Cammesa $8.176 millones. Pero en el gobierno provincial aseguran que “el beneficio que consigan las distribuidoras no será para ellas, será para los usuarios”.

En este sentido, la Secretaría de Servicios Públicos busca herramientas legales para que el “ahorro” que logren las empresas a partir del artículo 87 del presupuesto nacional se traslade directa y proporcionalmente a las boletas de los clientes mendocinos. Así, el impacto del aumento tarifario esperado para el próximo año no sería tan duro.