Se sabía desde la semana pasada: son días importantes y con novedades en la causa que se sigue en los Tribunales Federales por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario Diego Alfredo Aliaga.

Primero se rechazaron los beneficios de excarcelación o prisión domiciliaria de dos de los cinco detenidos que tiene el expediente; y, este martes, el juez Marcelo Garnica amplió el procesamiento porque las pruebas son contundentes en esta etapa del proceso y trabó un embargo de 50 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los ellos.

Luego del hallazgo del cadáver enterrado del ex despachante de aduanas de 51 años en un descampado de Costa de Araujo, en Lavalle, el 11 de setiembre, el fiscal de instrucción Fernando Alcaraz modificó el avoque de imputación contra todos los detenidos, es decir, agravó la situación de Diego Barrera, su mujer, Bibiana Sacolle; los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, y Washington Yamil Rosales, el llamado quinto sospechoso del caso.

Pasaron a estar acusados por una batería de delitos que prevé cómo única pena la prisión perpetua: secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en concurso real con secuestro extorsivo seguido de muerte (también agravado por la participación de tres o más personas) en concurso ideal con homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, criminis causa y también robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

Ver también: La nueva y dura imputación contra los detenidos del caso Aliaga

Hace un par de semanas, el representante del Ministerio Público solicitó que se ampliara el procesamiento con prisión preventiva contra Barrera y su familia (y se dicte contra Rosales) al entender que las pruebas incorporadas en el sumario en esta etapa del proceso son suficientes para que continúen tras las rejas.

Y el juez Garnica finalmente dio a conocer la resolución este martes por la mañana. Coincidió con el fiscal Alcaraz y procesó a Rosales y lo amplió con respecto a Barrera y los otros imputados.

Para el juez se encuentra –prima facie– acreditado que Diego Aliaga sufrió un secuestro coactivo de parte de los sospechosos y que estos hicieron un apoderamiento ilegítimo (mediante el uso de violencia y coacciones, en poblado y en banda) de documentación de automotores que poseía la víctima, señaló el magistrado en su escrito. Agregó que también se quedaron con su celular iPhone, un reloj Movado o Tag Heuer Carrera y de su documentación personal.

También se comprobó, analizando las pruebas incorporadas por la fiscalía en más de tres meses y medio de instrucción, que mientras Aliaga se encontraba retenido, su hermano Gonzalo recibió un llamado extorsivo en el que le solicitaban que dejara de mover el avispero (realizar una denuncia por la desaparición) y juntara un millón de dólares a cambio de una hipotética liberación.

“Finalmente, se han reunido los elementos de convicción suficientes para tener por comprobado prima facie que los encartados habrían provocado intencionalmente la muerte de la víctima cuando estaba retenida y oculta bajo el sometimiento de ellos para sacar rescate; muerte que habría sido provocada por ensañamiento y alevosía y con la ultrafinalidad de procurar ocultar los delitos que precedentemente se habían cometido (secuestro coactivo y robo) y que estaban cometiendo (secuestro extorsivo)”, explicó.

Garnica señaló que todos estos sucesos fueron cometidos por “una empresa ilícita” que estaba integrada por Barrera, Sacolle, Gastón y Lucas y Curi y Washington Rosales.

En la misma línea: escuchas

La situación de Rosales ameritó un análisis aparte del resto de los procesados. Para el magistrado, de acuerdo con la causa, este hombre que era empleado de Barrera en la empresa de transportes Solcito, intervino en la captación, reducción y traslado de la víctima desde la casa de calle Bandera de los Andes de Rodeo del Cruz, en Guaymallén, hasta un galpón de calle Jujuy de Ciudad, donde le habrían dado muerte.

Por las pruebas que se sumaron después de su detención, el 10 de setiembre (día que les confesó a los investigadores policiales y judiciales dónde se encontraban enterrados los restos del empresario), Rosales fue el hombre encargado de custodiar a la víctima mientras estuvo retenida en el inmueble de la Cuarta Sección. También está sindicado como el sujeto que trasladó el cadáver de Aliaga hasta Lavalle durante los primeros días de agosto.

Por ese accionar, de acuerdo con lo que aportaron fuentes policiales a El Sol, Rosales habría cobrado una importante cantidad de dinero.

Ver también: Caso Diego Aliaga: rechazan excarcelar a los detenidos

Una de las pruebas que complicaron a Rosales fueron las comunicaciones telefónicas que mantuvo con uno de los imputados, Gastón Curi, se desprende de las escuchas que registró la División Escuchas Telefónicas y Antisecuestros Extorsivos de Investigaciones.

En base a esto, entienden que el cadáver de Aliaga fue trasladado desde Ciudad hasta Lavalle el 1 de agosto, es decir, más de tres días después de su desaparición.

A las 16.10 de ese día, Gastón Curi llamó a Rosales y le dijo después de saludarse: “Bichi, hechá gasoil entonces y andate al 911”; a lo que contestó: “Dale me voy al 911, dale, chau, chau”.

Trece minutos después, Curi volvió a llamarle al empleado de Solcito: “¿Te ubicaste dónde era el 911?”; a lo que Rosales contestó: “Sí papito, estoy llegando”

Curi continuó el diálogo y explicó: “Es una antes de la Jocolí, por ahí creo que era, dale.

Rosales realizó y recibió llamadas telefónicas ese día (también de parte de Bibiana Sacolle) mientras se encontraba en Lavalle (así lo captaron las antenas de telefonía móvil), algo no menor para los detectives.

Así las cosas, el juez decidió este martes mantener el prisión preventiva que ya había sido ordenada el 9 de setiembre contra los cuatro primeros detenidos y sumar a Rosales, el último detenido.