Daniel Orlando Aguilera (35), el Rengo, quedó formalmente detenido en la investigación que le inició la Justicia federal por tenencia con fines de comercialización de drogas la noche del martes 19 de setiembre.

La Gendarmería allanó su celda del pabellón 9 Sur de la cárcel de Boulogne Sur Mer –donde cumplía una condena de seis meses por maltratar a su ex pareja durante una discusión en una casa de Luján– y le secuestraron varias pertenencias, como cinco chips para teléfonos celulares. Estaba a once días de recuperar la libertad.

Mientras lo sorprendían en prisión, los uniformados desarrollaban allanamientos en inmuebles que, se sospecha, le pertenecen y de algunos conocidos en el Gran Mendoza. Así encontraron más de un kilo de cocaína, marihuana, armas, dinero en dólares, euros y pesos (con un total de $470 mil), 36 celulares y 8 chips.

Actualmente, el jefe de la barra brava del club Godoy Cruz está preso por la instrucción federal, que está en manos del juez Walter Bento y el fiscal Fernando Alcaraz.

En un primer momento, a Aguilera le notificaron que estaba siendo investigado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo (la causa tiene otros dos detenidos) pero, en las últimas horas, esto cambió tras un pedido formal de la fiscalía. Alcaraz, después de analizar las pruebas del expediente, trascripciones de cientos de horas de escuchas telefónicas, le pidió al juez de Instrucción que se lo impute también como organizador o financista de las actividades delictivas que le endilgan, es decir, lo que está previsto en el artículo 7 de la ley 23.737.

Bento, de acuerdo con fuentes judiciales, hizo lugar al pedido ­–así quedó plasmado en el expediente que tiene hasta hoy ocho cuerpos– y en las próximas horas iban a fijar una audiencia para notificarle al detenido el cambio de calificación.

Básicamente, la fiscalía entendió que el Rengo proporcionaba el dinero o los recursos económicos para sostener la venta de drogas y tenía armada una estructura funcional que le permitía la comisión del delito, ya sea planificando o aportando el capital humano.

Las fuentes agregaron que el próximo paso del juez será definir si procesa a Aguilera con prisión preventiva. Teniendo en cuenta esto, la situación se complicó para el imputado, debido a que el mínimo de la pena, en caso de ser hallado culpable en un juicio, es de ocho años de cárcel, y el máximo, veinte. La investigación, que nació a fines de febrero luego de un llamado anónimo a la Procuraduría de Narcocriminalidad, cuenta con otros dos detenidos. Uno fue identificado como Maximiliano Torres y el otro, Cristian Oliva. 

Para este último –un activo barra del Tomba, sostienen los detectives consultados– la defensa solicitó hace algunos días la prisión domiciliaria argumentando que tenía a su cargo familiares con problemas de salud al momento de la detención.

De todo

A fines de setiembre, horas después de la detención del Rengo Aguilera, se conocieron detalles de la investigación. Trascendió que algunos penitenciarios estaban en la mira. Es más, uno de los trabajadores de la cárcel fue allanado el martes 19, cuando se ordenaron los procedimientos masivos.

Se sospecha que, con la ayuda de los uniformados, tenía vía libre para el uso de telefonía. En un primer momento sospecharon que Aguilera también contaba con ayuda de penitenciarios para vender estupefacientes en la cárcel, pero no fue confirmado.

Ver también: El Rengo acusado de venta de drogas: hay penitenciarios en la mira

Más allá de esto, los allanamientos en inmuebles de Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Luján y Ciudad sirvieron para mantenerlo tras las rejas. Incautaron, además de marihuana y poco más de un kilo de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, 16.470 dólares, 150 euros, 96.265 pesos argentinos y 1.169.000 chilenos.

La cocaína estaba oculta en el techo de una de sus propiedades, sostiene la instrucción. Durante estas medidas cayeron los otros dos sospechosos, quienes también fueron imputados.

El llamado de la denuncia se hizo en febrero

El primer paso para abrir una investigación contra el jefe de la barra brava de Godoy Cruz, Daniel Aguilera, fue un llamado anónimo que recibió la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) el 23 de febrero.

La persona que se comunicó, informó que Aguilera estaba financiando un cargamento de marihuana que iba a llegar a Mendoza el 14 de abril.

Ante esto comenzaron a investigarlo. El 30 de marzo, el Rengo fue detenido por maltratar a la madre de sus hijos en una casa de Carrodilla.

En junio lo condenaron a seis meses de prisión efectiva. Esto no fue impedimento para que siguiera la investigación porque los pesquisas venían espiando sus teléfonos y el de un grupo de familiares y amigos. Fuentes judiciales señalaron que hay más de 700 fojas de trascripciones de escuchas.