“Como pastores nos preocupa seriamente la propuesta de derogación o modificación de la Ley 7722”. Esa es una de las frases más destacadas de un nuevo comunicado de la Iglesia Católica mendocina, donde ratifica su oposición a los cambios en la denominada ley “antiminera” que propone el gobernador Rodolfo Suarez.
Sin embargo, el documento del Arzobispado de Mendoza evita y niega esa definición: “No estamos ante una ley antiminería, sino ante un breve cuerpo de normas que resguarda el agua de los mendocinos”, señala. Además destaca que la norma, promulgada en 2007 y declarada constitucional por la Suprema Corte, “es fruto de un proceso social admirable que merece ser respetado”.
El arzobispo Marcelo Colombo se ha mostrado como un férreo defensor del medio ambiente y crítico de la actividad minera. Esa postura quedó claramente reflejada en el texto que también destaca: “Algunas voces oponen desarrollo laboral y económico al cuidado del ambiente. Sería largo de explicar la falacia que se esconde en esta oposición”.
En este sentido, se apoya en los datos relacionados con la pobreza, que fueron aportados por el Observatorio de la Deuda Social dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA). “El informe, presentado el 31 de agosto aquí en Mendoza, marca claramente que la minería extractivista ejercitada en esas provincias, no ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes más pobres”, asegura.
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