El conflicto mapuche en Villa Mascardi se profundiza. La comunidad Lafken Winkul Mapu, conformada por unas 20 personas, ha tenido que reclutar gente para poder mantener las ocupaciones de las propiedades, entre ellas, lotes pertenecientes a Parques Nacionales.
El grupo reivindicó en la tarde de este jueves la toma de La Cristalina, una propiedad que según medios de Bariloche, pertenece a Diego Frutos, presidente de la unión vecinal de Villa Mascardi. Ese terreno fue inspeccionado también esta tarde por la policía de Río Negro y evidencia cómo se están manejando las ocupaciones en Río Negro.
Toda esa zona vive momentos de tensión desde el domingo a la noche, cuando el grupo quemó una casilla de control de la Gendarmería y un galpón que se encontraban en ese terreno. Esta comunidad mapuche, liderada por los hermanos Colhuan, ocupa actualmente seis estructuras edilicias en esa localidad ubicada a 35 kilómetros de Bariloche. Sin embargo, no puede mantener por mucho tiempo esas usurpaciones, por lo que han salido a reclutar militantes, según los vecinos.
“Están desesperados por reclutar más gente, aunque nada tengan que ver con agrupaciones ancestrales. Necesitan sumar número para poder tener presencia en todas las propiedades que usurparon”, explicaron.
Los Colhuan ya han sido imputados por la Justicia por algunas usurpaciones de 2017 y cuentan entre sus filas a Matías Daniel Santana, conocido por ser el mapuche de los binoculares que aseguró haber visto a gendarmes llevarse a Santiago Maldonado. Luego, Santana fue imputado por falso testimonio.
La situación preocupa a los gobiernos locales, pero también a otros actores que se encuentran en esa zona volátil de la comarca andina patagónica.
Desde el Sindicato de Guardaparques Nacionales definieron que Villa Mascardi es una “zona liberada”. En el comunicado, señalaron que “los usurpadores de tierras del dominio público y privado” no sólo atacaron el puesto de Gendarmería, sino que “continúan ampliando la superficie de las tierras ocupadas mediante coerción, atentados y el uso ilegal de la fuerza”.
En el escrito, el gremio cuestionó la “inacción” de la Justicia y pidieron “detener y procesar a los delincuentes violentos que actúan impunemente en la zona”.
“No se pueden seguir regalando los Parques Nacionales”, sostuvieron.