La titular del InstItuto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda se sumó al grupo de funcionarios que este miércoles le presentó la renuncia al presidente de la Nación, Alberto Fernández. 

En una carta enviada a Fernández expresó: “Por la presente me dirjo a Usted con la intención de poner a su disposición la “renuncia a mi cargo de Interventora del InstItuto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en que he sido designada el 10 de diciembre de 2019, por medio del Decreto 5712020 y ratificada el pasado 05 de junio por medio del  Decreto 396/2021”.

Y justificó: “Ante lo sucedido en la jornada del pasado domingo 12 de septiembre y tras sus palabras al pueblo argentino aquella noche, considero la necesidad de presentar mi renuncia al cargo, para poder continuar colaborando en la construcción de este proyecto político, pero dando lugar a los recambios que Usted considere necesarios”.

La gestión de Donda en el INADI fue fuertemente cuestionada al quedar en medio de la polémica luego de que su empleada doméstica denunciara que la funcionaria le haya ofrecido un contrato en INADI o anotarla en un plan social si renunciaba al trabajo en su casa.

Arminda Banda Oxa quien trabajaba en la casa de Donda le inició una demanda penal y otra en el fuero laboral”, por delitos contra el Estado y contra la empleada.

Tras la denuncia, Donda quedó formalmente imputada por el fiscal Eduardo Taiano por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.

En julio pasado, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la interventora del INADI en esta causa y determinó que la conducta investigada no constituye un delito.

Para arribar a esa conclusión, el magistrado investigó si en algún momento se había comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el INADI. Fuentes judiciales explicaron que durante ese proceso no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación.

Los delitos contra la administración pública reprimen a funcionarios que hubieran realizado algún tipo de acto bajo una motivación que se encuentra ajena a la tarea que realizan. Para probar dicha motivación, es necesario que exista un acto administrativo. Y en este caso puntual, ese elemento necesario para avanzar con una imputación no se halló, explicaron especialistas con acceso al expediente.

Otra polémica que involucró a la funcionaria tuvo que ver con un contrato de su novio en la Cancillería.

El Boletín Oficial del 19 de agosto informó que Federico Diberto es ahora vocal en los Cascos Blancos, el organismo de Cancillería dedicado a organizar la asistencia humanitaria.

El anuncio generó revuelo en redes y molestia en la Cancillería, porque una vez se le entregó un puesto a la militancia en espacios altos del Estado que generan un gasto de salario extra en lugar de que lo ocupen funcionarios de carrera, que además, fruto de la pandemia y la cuarentena siguen en sus casas. Muchos sin funciones. El jefe de personal de la Cancillería desde el 2020 es Juan Ignacio Denisio, que estudió Kinesiología.

Diplomáticos que conocen del tema señalaron que su salario seguramente no será menos de $100.000. Ser vocal de Cascos Blancos podría equipararse al cargo de Director, y Diberto dependerá de la presidenta actual de los Cascos, la camporista Marina Cardelli. 

“Es una designación política, Cardelli tampoco tiene curriculum diplomático. Tiene militancia social y política como para trabajar en asistencia humanitaria”, señalaron en el Ministerio para defender ese nombramiento.