La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) presentó la semana pasada un recurso ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de revocar el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. En respuesta, la magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen su postura antes del martes.
El gobierno argentino anticipó que presentará una respuesta alineada con la moción de RAFA, en la que reafirmará su interés en esclarecer los hechos que rodearon la nacionalización de YPF en 2012.
“La respuesta expresará también la voluntad del Gobierno de colaborar con Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre este caso, sin que ello implique abandonar sus planteos sobre la falta de competencia de los tribunales estadounidenses para resolver las demandas”, indicaron fuentes oficiales.
Por su parte, la firma inglesa Burford Capital, beneficiaria del fallo, defendió su postura señalando que el tribunal de Preska ya ordenó una extensa producción de pruebas a lo largo del proceso. “Este caso ha estado pendiente por casi una década, y RAFA no ofrece ninguna explicación válida sobre por qué esperó más de un año y medio después de la sentencia para solicitar su intervención”, argumentó la empresa.
El especialista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, citó en su cuenta de X otros argumentos de Burford Capital. Según la firma, “RAFA no presenta un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales ni en la reestatización de YPF, sino que busca actuar en defensa del interés público, quizás como un ‘querellante’ o fiscal privado, según el derecho argentino”.
En tanto, el abogado Fernando Irazú, representante de RAFA, sostuvo que la petición busca que el Estado argentino e YPF respalden los argumentos de la ONG. “Es fundamental que se reconozca la gravedad de la situación y se protejan los derechos de los argentinos”, afirmó.
El pedido se basa en presuntas irregularidades en la nacionalización de la petrolera, que culminó con la expropiación de la mayoría accionaria en manos de la española Repsol. Los accionistas minoritarios reclamaron que se debió haber realizado una oferta similar por sus tenencias, algo que no ocurrió.
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF que pertenecía a Repsol sin lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, como establecía el estatuto de la empresa. Sobre esta base, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, alegando que Argentina incumplió sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Preska determinó que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park. La jueza consideró que la ausencia de una oferta pública de adquisición generó un perjuicio a los accionistas.
El gobierno argentino mantiene su estrategia de apelación ante instancias superiores. La administración de Javier Milei sostiene que la condena impuesta por Preska es desproporcionada y que el país cuenta con argumentos sólidos para reducir el monto o revertir el fallo.