La construcción de la cuarta central nuclear en Argentina generó críticas por parte de un senador estadounidense, ya que el proyecto surge a partir de un acuerdo entre el gobierno nacional y el régimen chino.

El republicano Jim Risch, que integra el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de EEUU, sostuvo a través de las redes sociales que “me preocupan los planes para instalar tecnología nuclear no probada china en la Argentina y sus implicaciones para la seguridad regional y la soberanía de ese país”.

Risch se refería al acuerdo que se firmó este 1 de febrero entre la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC). El convenio permitirá la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha III. El proyecto establece la instalación de un reactor de 1.200 megavatios eléctricos (Mwe) en el Complejo Nuclear Atucha en el partido de Zárate.

La iniciativa tendrá una inversión de más de US$ 8.000 millones y lo que ya ha deparado los cuestionamientos incluso en la oposición es que utilizará uranio enriquecido como combustible, además de agua liviana como refrigerante y moderador. 

El entendimiento para la construcción de Atucha III, que tendrá una vida útil de 60 años, fue cerrado a través de zoom con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli. De ese encuentro también formaron parte el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo.

Para el congresista republicano, “la Argentina debería dar marcha atrás, dada la mala experiencia con la estación espacial Las Lajas”.

Así, Risch hacía referencia a la estación espacial que China construyó en la localidad de Las Lajas, Neuquén, y que fue inaugurada en 2018. En ese entonces la polémica surgió porque esa estación no contaría con la supervisión del gobierno argentino.

Esta base china fue posible a partir de un acuerdo que se firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2016, la entonces canciller Susana Malcorra reviso el acuerdo para incluir una cláusula de que esa estación no sería militar sino para uso civil.

La polémica se da en momentos en que el presidente Alberto Fernández se encuentra de gira con el objetivo de reunirse en Beijing con Xi Jinping.