El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el epicentro de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión en Pilar y otros bienes de alto valor. La definición surge de una resolución en la que el magistrado rechazó apartarse del caso y ceder la investigación al juzgado federal de Campana.

Uno de los elementos clave que mencionó Aguinsky es el uso de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA por parte de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de Pablo Toviggino. Según consta en el expediente, esa tarjeta registra consumos mensuales promedio por unos 50 millones de pesos durante 2025, incluyendo gastos vinculados a los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, en Pilar.

En su resolución, el juez advirtió que el delito precedente del presunto lavado estaría dado por una posible administración fraudulenta “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”. En ese marco, remarcó que Pantano, quien figura como dueño formal de la mansión y otras propiedades investigadas, paga servicios y consumos con una tarjeta perteneciente a una cuenta corporativa de la entidad con domicilio en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires.

Aguinsky detalló que los gastos efectuados con esa tarjeta deben ser analizados para determinar si están vinculados con el predio de Villa Rosa y, en caso de comprobarse la comisión de un delito en curso, disponer el cese inmediato de sus efectos. Para el magistrado, estos elementos refuerzan la hipótesis de maniobras destinadas a disimular el origen de fondos.

Al rechazar el planteo de inhibitoria presentado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, Aguinsky sostuvo que el núcleo del caso no está en Pilar, donde se encuentran los inmuebles, sino en la AFA, cuyo asiento legal se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. “El epicentro del delito no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, subrayó.

El juez también vinculó esta investigación con otra causa en trámite en el fuero penal económico, en la que el fiscal Claudio Navas Rial imputó a la AFA por presunta evasión de aportes e impuestos por unos 19 millones de pesos. Según Aguinsky, ese expediente “completa el cuadro indiciario” sobre los delitos que habrían antecedido al lavado de activos.

En ese contexto, el magistrado defendió la competencia del fuero penal económico, al señalar que se trata de un ámbito de especialidad creado para investigar maniobras complejas con impacto en el orden económico y financiero, como la introducción y disimulación de fondos de origen ilícito.

Finalmente, Aguinsky comunicó el rechazo de la inhibitoria a su par de Campana y advirtió que, si no es aceptado, el conflicto de competencia será resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la causa continuará tramitándose en el Juzgado Penal Económico 10, con la feria judicial de enero habilitada.

Con información de Infobae.