El fiscal federal Ramiro González dispuso este viernes nuevas medidas de prueba para avanzar en la investigación de la denuncia contra el presidente Alberto Fernández por las reuniones sociales realizadas en la quinta de Olivos en tiempos en que esos encuentros estaban prohibidos.
El avance de la Justicia se produce luego de la revelación de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez, celebrado mientras regía el aislamiento obligatorio.
En este sentido, el fiscal incorporó a la investigación la foto en donde se ve al presidente Alberto Fernández celebrando el cumpleaños de su esposa junto a un grupo de once personas.
También intimó a la Casa Militar de la Presidencia a que entregue la lista de entradas y salidas de visitas -oficiales y de carácter privado- de las personas que concurrieron el 14 de julio del 2020 y que aclare si “se hallaban exceptuadas para circular por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 vigente en ese momento y quién autorizó dichos ingresos”.
Al mismo tiempo reclamó que hasta ahora no se le enviaron la documentación que ya había solicitado de las visitas anteriores. “Intímese a responder dicho requerimiento en el plazo improrrogable de cinco días”, dispuso González.
La causa se inició por una denuncia contra el Presidente y Sofía Pacchi, exmodelo y asesora de la primera dama. Luego se sumaron otras dos: una contra la actriz Florencia Peña y otra contra Chien Chia Hong (pareja de Pacchi), Emmanuel López (asesor de la primera dama) y Fernando Consagra (pareja de López).
Los delitos investigados
“El objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia”, afirmó el fiscal la semana pasada.
Las conductas, según González, podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 205 y 248 “in fine” del Código Penal. El primero reprime con prisión de seis meses a dos años a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El segundo, con prisión de un mes a dos años al funcionario que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Este viernes el fiscal afirmó que las novedades (la difusión de las fotos y los nuevos denunciados) “no modifican la circunscripción del objeto procesal por cuanto aquel apunta a establecer si efectivamente se han perpetrado conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la emergencia sanitaria declarada por el decreto 260/20″.