El Senado sesiona este jueves desde las 11 para definir el futuro del senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria desde la semana pasada en Paraguay luego de haber sido demorado en un control fronterizo por llevar 200 mil dólares sin declarar.
Con 68 votos afirmativos, por unanimidad, quedó aprobada la habilitación para tratar los proyectos de remoción o suspensión del senador Edgardo Kueider y es por eso que ya se debate el futuro del legislador. Se sumó el apoyo clave del radicalismo para lograr la expulsión del senador. Hace horas, el partido centenario había acompañar solamente la suspensión.
Hasta el momento, Unión por la Patria tiene sus 32 votos afirmativos y fue Anabel Fernández Sagasti quien pidió la expulsión del entrerriano. A su vez, se le sumarían 12 votos de la UCR y desde el PRO, algunos legisladores confirmaron su voto en el mismo sentido.
Con 68 votos afirmativos, por unanimidad, queda aprobada la habilitación para tratar los proyectos de remoción o suspensión del senador Edgardo Kueider pic.twitter.com/fwvl3tSv8A
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 12, 2024
“Si ustedes dicen que Kueider es kirchnerista, voten la exclusión”, dijo la mendocina Sagasti en su discurso de intervención. “Salvo que se haya convertido en casto o el miedo a que se sepa cómo se consiguieron los votos de la Ley Bases”, advirtió la senadora kirchnerista.
Por otro lado, los libertarios juntaron las firmas necesarias para ampliar el temario e incluyeron la suspensión del kirchnerista Oscar Parrilli por su procesamiento en la causa Memorándum con Irán.
Las alternativas que se barajaban para Kueider marchan formalmente por dos carriles: la expulsión o suspensión.
La primera es impulsada por el interbloque peronista de la Cámara alta que lidera José Mayans, mientras que la suspensión es alentada por La Libertad Avanza (LLA) y cuenta con apoyo parcial del PRO, la UCR y otros espacios referenciados en gobernadores y algunos legisladores con autonomía. Aunque ahora el panorama podría cambiar con la decisión de la UCR.
“Es un problema del kirchnerismo, que lo resuelvan los kirchneristas. Siempre se sacan los problemas de encima y se lo tratan de cargar a los otros. Los corruptos son los kirchneristas”, dijo este miércoles el presidente Javier Milei. En tanto, también se refirió a la situación de Kueider: “Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo”, señaló.
Final abierto en el Senado
Tanto la remoción como la suspensión del legislador entrerriano requieren una mayoría de dos tercios de los presentes; sin embargo, existe una tercera alternativa que no está en el temario oficial y es la licencia, que Kueider ya solicitó sin explicitar plazos. Esa es una posibilidad requiere una mayoría simple.
El martes último, el PRO reunió a su bancada y no logró consensuar casi nada con respecto a Kueider; solo confluyeron en que debían dar el quorum a la sesión convocada por el kirchnerismo.
La suspensión que propone el oficialismo, que sirvió para sentar al resto de los bloques dialoguistas en una misma mesa, sería también hasta la misma fecha.
Más allá de estas posturas, el final sobre el destino de Kueider es abierto. De todos modos, para la Casa Rosada no es lo mismo la expulsión que una suspensión o licencia: si el Senado eyecta al representante provincial, en su lugar ingresará Stefanía Cora, de La Cámpora, lo que le sumaría una banca más a Mayans, que pasaría a tener de 33 a 34.
Cora es la segunda en la lista del Frente de Todos que compitió en 2019 y por la ingresó Kueider, quien de todos modos abandonó ese espacio en febrero de 2023 para crear otro con el dirigente justicialista Carlos “Camau” Espínola. Ambos tuvieron buen vínculo con el gobierno del presidente Javier Milei desde su aterrizaje en la Rosada.
En otro carril, la solicitud para incluir la suspensión de Parrilli lleva la firma de cinco libertario: Abdala, Vilma Bedia, Ezequiel Atauche, Ivana Arrascaeta y Juan Carlos Pagotto.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la ex presidenta Cristina Kirchner y el resto de los involucrados en esa causa irán a juicio oral en noviembre de 2025 por la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman.