El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para incorporar en Argentina un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema vigente en Estados Unidos. La iniciativa busca establecer un límite estricto al gasto público: cuando una partida presupuestaria se agote, el Estado no podrá seguir ejecutando erogaciones, salvo en áreas esenciales o expresamente exceptuadas.

La propuesta forma parte del paquete de reformas institucionales que impulsa la Casa Rosada y fue presentada por el mandatario como una herramienta para reforzar la disciplina fiscal.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en la que también abordó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Allí, Milei reiteró su intención de impedir que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión de dinero e incluso planteó que esa práctica pueda ser considerada un delito penal.

En ese contexto, vinculó la independencia del Banco Central con una regla que limite el gasto del Estado. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el Presidente al confirmar que el proyecto ya se encuentra en elaboración.

Qué es el shutdown

El concepto de shutdown proviene de Estados Unidos y se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento antes del vencimiento de las partidas presupuestarias.

Ante esa situación, las agencias federales que no cuentan con fondos deben suspender las actividades consideradas no esenciales, mientras que continúan funcionando los servicios críticos, como las Fuerzas Armadas, el control aéreo, la seguridad pública o la atención de emergencias. Miles de empleados son licenciados temporalmente o continúan trabajando sin percibir sus salarios hasta que se destraba el conflicto político.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump. La falta de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el financiamiento del muro fronterizo con México provocó un cierre parcial del gobierno federal durante 35 días.

La medida afectó a unos 800.000 empleados públicos y generó importantes demoras en la prestación de servicios estatales. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, el episodio redujo la actividad económica y dejó pérdidas permanentes por unos 3.000 millones de dólares.

Estados Unidos volvió a atravesar situaciones similares en los últimos años. Entre octubre y noviembre de 2025 se registró un cierre parcial que se extendió durante 43 días, el más prolongado hasta ese momento, con consecuencias sobre el pago de salarios estatales, el funcionamiento de aeropuertos, programas de asistencia alimentaria y distintos organismos federales. En 2026 también hubo un nuevo shutdown, aunque de apenas cuatro días, que concluyó tras la aprobación de una ley de financiamiento.

En Argentina, la implementación de un mecanismo de estas características requeriría una modificación legal. El régimen vigente establece que, cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto para un nuevo ejercicio, continúa vigente el del año anterior con las adecuaciones correspondientes. Ese esquema evita que la administración pública quede paralizada por la falta de una nueva ley de gastos y recursos, a diferencia de lo que ocurre en el sistema estadounidense.

Por ese motivo, el proyecto que analiza el Gobierno no replicaría de manera idéntica el modelo norteamericano. La alternativa en estudio consistiría en impedir que el Poder Ejecutivo siga comprometiendo o ejecutando gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias autorizadas, salvo en servicios considerados esenciales. De avanzar la iniciativa, el Estado quedaría sujeto a un límite automático de ejecución presupuestaria, con el objetivo de reforzar el equilibrio fiscal y restringir la posibilidad de ampliar el gasto sin respaldo legislativo.