La administración de Javier Milei reveló la existencia de una presunta red de protección dentro de la ex AFIP que habría favorecido a empresarios relacionados con el kirchnerismo. Según los datos difundidos, esta red obstaculizaba el acceso a información clave sobre ciertas personas y empresas, incluyéndolas en una lista de “contribuyentes de interés público“ sin justificación formal.
El alerta se encendió el pasado 17 de diciembre, a las 15.38, cuando se intentó acceder a datos de Casino Buenos Aires SA en el sistema EFISCO de ARCA, la cual generó una alerta inusual.
Según trascendió, esta empresa, vinculada al empresario Cristóbal López, estaba catalogada como “de interés público” en la Base de Personas con Trascendencia Pública del organismo tributario, una clasificación destinada exclusivamente a figuras relevantes como presidentes, ministros o jueces.
La inclusión de esta empresa en el listado de tratamiento sensible fue seguida de cerca por el área de auditorías internas de ARCA. Según el análisis, al menos otras 50 empresas o personas habrían sido agregadas de manera discrecional a esta categoría sin una justificación razonable.
Fuentes del sector explicaron que, en situaciones normales, cualquier consulta sobre contribuyentes sensibles en el sistema requiere que el usuario justifique su búsqueda en menos de un minuto. La sorpresa fue mayor al descubrir que Casino Buenos Aires SA y otros nombres incluidos no cumplían con los criterios establecidos por los protocolos internos del organismo.
Esta nómina, destinada únicamente a figuras públicas o contribuyentes considerados “sensibles“, como presidentes, ministros o jueces, incluía a empresarios investigados por causas de corrupción. Entre los señalados destacan Báez y López, referentes del kirchnerismo, y Vandenbroele, conocido por su rol en la adquisición de Ciccone Calcográfica bajo la gestión de Amado Boudou, exministro de Economía.
La denuncia surge un año después del inicio de la gestión de Javier Milei y del cambio de denominación de la AFIP, ahora rebautizada como ARCA, bajo la conducción de Juan Pazo.
Además de los mencionados, la lista incluye a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández, y otros empresarios o asesores kirchneristas, varios de ellos condenados por corrupción. Entre las razones sociales vinculadas se encuentran Austral Construcciones, Hotesur, Los Sauces, Oil Combustibles y Electroingeniería SA.
El capítulo Ciccone también tiene su apartado, con nombres como Vandenbroele, Guido Forcieri —ex jefe de Gabinete de Boudou—, y Nicolás Ciccone, antiguo propietario de la empresa. Según las denuncias, estas personas habrían sido blindadas en el sistema para evitar inspecciones o facilitar maniobras que obstaculizaran investigaciones judiciales.
La revelación agrega un nuevo capítulo a la relación entre el kirchnerismo y los organismos públicos, con implicancias que podrían reabrir debates sobre el uso del aparato estatal en favor de intereses privados.