El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma laboral que busca cambiar de raíz las principales normas del derecho del trabajo. La idea del oficialismo es tratarlo cuanto antes en el Senado, aunque para eso todavía debe asegurarse los votos. El debate en comisiones, previsto para este jueves, se postergó para el martes y la discusión en el recinto recién podría darse sobre el cierre del año.
La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, tomó esta reforma como una bandera política. La senadora pidió acelerar el trámite y ya trabaja en la construcción de una mayoría que le permita llegar a los 37 votos necesarios. El oficialismo cuenta con 21 propios más el Frente Cívico de Luis Juez, confía en sumar al PRO y a parte de la UCR, y necesita al menos dos apoyos más de bloques provinciales.
En la vereda opuesta, el peronismo —con 28 senadores— también mueve sus fichas. Busca sumar apoyos de legisladores del sur, donde hay preocupación por el impacto que podría tener la caída de convenios en sectores petroleros. El primer paso será conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social con una mayoría que permita firmar un dictamen. Ese armado quedará para después de la reunión que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el martes.
El texto propone cambios profundos: elimina la ultraactividad de los convenios, modifica vacaciones e indemnizaciones, limita asambleas y fija fuertes sanciones para los gremios que bloqueen empresas. También incorpora un mecanismo para el pago de cuotas sindicales, que los sindicatos ya anticiparon que rechazarán. Algunos artículos impositivos podrían quedar afuera, ya que legisladores advierten que deben ingresar por la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una cuenta individual financiada con un aporte del 3% del salario que cubriría indemnizaciones por despido. Además, se derogan leyes históricas como el Estatuto del Periodista, el Estatuto del Viajante y el Régimen de Teletrabajo. El proyecto también libera de responsabilidad a las empresas sobre actividades tercerizadas y redefine el cálculo del despido sin causa, con un mes por año trabajado y topes por convenio.
También incorpora un régimen para trabajadores de plataformas, a quienes considera prestadores independientes, y plantea beneficios fiscales para empleadores que blanqueen personal. Incluye, además, un programa de regularización laboral con condonación de deudas y cierre de causas penales.