Desde este mes, las empresas de medicina prepaga deberán cumplir con nuevas disposiciones para comunicar los aumentos en las cuotas a sus afiliados. La resolución 2155, emitida en septiembre por la Superintendencia de Servicios de Salud, establece que las notificaciones deben enviarse dentro de los cinco días posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior por parte del INDEC.
Además, sigue vigente la normativa que exige que transcurran al menos 30 días entre el aviso del incremento y el vencimiento de la cuota. De esta manera, los afiliados recibirán las notificaciones con tiempo suficiente para planificar el pago, que en esta ocasión será hasta mediados de enero, dependiendo de la fecha de emisión del aviso.
Otra de las novedades que incorpora esta resolución es la obligación de detallar los componentes de la cuota. Las prepagas deberán especificar el costo base del plan, los ajustes por edad o factores de riesgo, los aportes percibidos de obras sociales o del PAMI, los costos adicionales por coberturas específicas, y los impuestos incluidos en el monto final.
Incrementos anunciados para enero
El pasado martes, el INDEC informó que la inflación de noviembre fue del 2,4 %, lo que marcó el inicio de las comunicaciones de aumentos. Los porcentajes de suba para enero oscilan entre ese valor y el 3,9 % informado por el Hospital Italiano. Empresas como Medifé o Swiss Medical se alinearon más cerca del promedio de la inflación.
A pesar de la referencia al IPC en las notificaciones, no existe obligación legal de ajustar los precios según este índice. Las empresas tienen libertad para definir los aumentos desde la derogación de las regulaciones previas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, emitido en diciembre de 2023 durante los primeros días de la presidencia de Javier Milei.
Denuncias por presunta cartelización
La desregulación impulsada por el DNU 70 provocó aumentos de hasta un 40 % en enero pasado, lo que generó denuncias por presunta cartelización. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició una investigación que derivó en la imputación de siete empresas prepagas, las cuales podrían enfrentar multas por vulnerar la libre competencia.
Un acuerdo para contener la crisis
La situación llevó a un acuerdo judicial en mayo, donde las prepagas se comprometieron a realizar reintegros a los afiliados en 12 cuotas mensuales. Sin embargo, estos descuentos no cubren la diferencia entre los aumentos iniciales y lo que habrían costado las cuotas de haberse ajustado estrictamente por inflación.
Desde julio, las prepagas recuperaron la libertad para fijar aumentos, aunque bajo la mirada atenta del Gobierno, que busca evitar nuevos conflictos y garantizar mayor transparencia en el sector.