La Cámara Federal porteña confirmó la decisión tomada previamente por la jueza María Servini y, de esta manera, Fabián Rodríguez Simón, asesor del ex presidente Mauricio Macri y declarado prófugo, podrá regresar al país sin ser detenido, bajo la condición de pagar una millonaria fianza.
El fallo, que alude a la excepcionalidad del caso, subraya que “Pepín” es un imputado cuyo paradero siempre fue conocido por la justicia argentina y que su condición de refugiado está amparada por el derecho internacional. Además, para avanzar en el expediente, se necesita su presencia en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La decisión fue dividida: el juez Martín Irurzun votó por rechazar el regreso de Rodríguez Simón, como reclamaban la fiscalía y las querellas. Sin embargo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron llamados para desempatar, apoyaron la decisión de Servini, al considerar los términos de la condición de refugiado político que “Pepín” aspiraba a obtener en Uruguay.
La investigación
Rodríguez Simón dejó Argentina en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos.
La denuncia, presentada por De Sousa, acusaba la formación de una banda que operó junto con la AFIP y la prensa para apropiarse del Grupo Indalo, involucrando al ex presidente Mauricio Macri, Rodríguez Simón y otros funcionarios de la AFIP.
Servini llamó a indagatoria a Rodríguez Simón, quien no se presentó, lo que llevó a la jueza a declararlo en rebeldía y dictar una orden de captura. En ese momento, Simón inició el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) en Uruguay. Desde entonces, ha residido en el país vecino, donde incluso ocupó una silla en el Parlasur.
La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre de 2022 y amplió la denuncia contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
A cinco meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, la defensa de Rodríguez Simón solicitó una eximición de prisión para regresar a Argentina sin ser detenido y presentarse a su indagatoria. El 8 de mayo, la jueza Servini concedió el pedido, imponiendo una fianza de $3.120.000.000 y varias obligaciones procesales. Tanto el fiscal Guillermo Marijuan como los empresarios López y De Sousa apelaron la resolución.
El primero en pronunciarse fue el juez Irurzun, quien citó jurisprudencia propia para rechazar permisos a personas buscadas, argumentando que la condición de prófugo mantenida en el tiempo aumenta el riesgo de fuga. Sin embargo, Bruglia consideró que la situación de Rodríguez Simón era excepcional, ya que no se encontraba oculto, sino que había solicitado legítimamente refugio en Uruguay.
Bruglia subrayó que para avanzar con el proceso judicial se necesita la intervención del imputado y su defensa, y que la protección jurídica internacional debe ser valorada. Asimismo, destacó que la defensa de Rodríguez Simón encuentra amparo en el derecho internacional y que su no presentación en Argentina estaba motivada por un impedimento basado en el ejercicio de un derecho.
Finalmente, Bertuzzi, al desempatar, coincidió con Bruglia, destacando que la solicitud de refugio colocó a Rodríguez Simón en una situación procesal atípica y que la jueza Servini había considerado admisible su pretensión de presentarse en libertad, permitiendo avanzar en el expediente.
Tras esta resolución, los acusadores podrían apelar en Casación para insistir en su postura, mientras la defensa de “Pepín” decide si deposita la fianza exigida para levantar el pedido de captura.