El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó el 10 y 11 de noviembre como las fechas para las audiencias orales en el caso que la Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur. El tribunal con sede en Hamburgo deberá decidir si frena el proyecto Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su solicitud de medidas provisionales, el 13 de octubre. En las audiencias, que serán públicas y se transmitirán en vivo, el tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas pedidas son proporcionales. Una decisión favorable a la Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.

Concretamente, la Argentina pide que se ordene a Londres impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que agraven la disputa. El procedimiento comenzó el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y advirtió que, si en dos semanas no se frenaba la explotación, el país acudiría a Hamburgo. El plazo venció sin cambios en la postura británica.

El yacimiento en disputa se ubica a unos 198 kilómetros al norte de Malvinas y está liderado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que fijaron el inicio de la producción para 2028. Uno de los argumentos centrales de la presentación argentina es el ambiental, la única vía que permite invocar obligaciones del Reino Unido sin entrar en el debate de soberanía. El escrito sostiene que un eventual derrame alcanzaría aguas argentinas en cuestión de días: cita un plan de contingencia de las propias empresas que proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días” para un crudo liviano. También cuestiona que ni Navitas ni Rockhopper tengan experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción.

La presentación también apunta contra una maniobra puntual: el 21 de septiembre, siete días antes de que la Argentina iniciara el arbitraje, las autoridades de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción hidrocarburífera.

La respuesta británica operó en varios frentes. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó que el Reino Unido participará del proceso, pero trazó límites: “La notificación no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas ni exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”. De todos modos, admitió que las medidas provisionales “son vinculantes” y que el país cumple sus obligaciones internacionales. En paralelo, Londres activó su legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a sus empresas, y el canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos”.

La estrategia argentina tiene antecedentes en el propio tribunal, como el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 y liberada tras una orden del ITLOS dictada en apenas un mes. Un dato de contexto: desde el 1 de octubre, la vicepresidenta del tribunal es la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, cuya nacionalidad no le impide participar del caso.