El Gobierno de Javier Milei amplió su ofensiva contra las actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las Islas Malvinas y abrió nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de recursos en la plataforma continental argentina.
La medida se suma a los 45 expedientes iniciados la semana pasada y eleva a 60 la cantidad de sujetos alcanzados por la investigación administrativa.
Los nuevos sumarios apuntan a presuntas violaciones del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. Según el comunicado difundido por el Ejecutivo, los involucrados habrían participado del desarrollo de actividades consideradas ilegítimas en la zona de las Islas Malvinas.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo el Gobierno, que advirtió que continuará identificando a otros actores que participen de las operaciones hidrocarburíferas.
La decisión forma parte de la estrategia anunciada por Milei para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que cuenta con licencias otorgadas por las autoridades de las islas que la Argentina no reconoce.
La ofensiva también avanzó por la vía judicial. El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El Gobierno sostiene que estas empresas operan bajo licencias que considera ilegítimas y anticipó que continuará utilizando las herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles.
La estrategia que Milei llevará al Congreso
La ampliación de los sumarios se produjo después de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que se definió avanzar con el envío a la Cámara de Diputados de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto será remitido la próxima semana y forma parte de una estrategia más amplia que también contempla la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
La iniciativa oficial tiene tres ejes principales. El primero apunta a endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, incluyendo a sus proveedores y contemplando, cuando corresponda, la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia.
El segundo eje propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas estratégicas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendría como función coordinar la respuesta del Estado frente a eventuales amenazas a la soberanía y articular las distintas herramientas disponibles.
El tercer punto contempla dotar a ese Consejo de instrumentos económicos y diplomáticos para responder ante acciones consideradas perjudiciales para los intereses argentinos, tanto si provienen de actores estatales como de organizaciones o empresas privadas. De esta manera, la Casa Rosada busca combinar sanciones administrativas, acciones judiciales, presión diplomática y medidas económicas en su estrategia frente a las actividades petroleras en Malvinas.