El dictamen final de comisión de la Ley Bases que salió del Senado trajo alivio para Mendoza, ya que que mantiene el beneficio para las regiones que en 2021 se incorporaron al régimen de “zona fría”.

Si bien la atención sobre el proyecto de ley Bases se centró en aspectos como el Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un punto no menor para familias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, las provincias patagónicas y unas 50 localidades de Buenos Aires fue el blindaje del sistema por el cual continuarán recibiendo un descuento de entre 30% y 50% en sus facturas finales de gas natural.

Si bien los subsidios por “zona fría” se financian con un recargo en las facturas de todo el país, la intención de la gestión de Javier Milei era eliminar el beneficio. Pero por presión de las provincias beneficiarias del descuento, en el dictamen del Senado se logró bloquear esa posibilidad.

El régimen previsto por la Ley 25.565 del año 2002 otorgó a unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. Hace tres años, a través de la Ley 27.637/2021, el beneficio se amplió a otras zonas del país con clima frío o templado-frío (incluida toda la provincia de Mendoza) y escaló a los 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9 millones en el país.

El Gobierno contra la “zona fría”

El texto que llegó desde Diputados al Senado contemplaba en su artículo 5 la habilitación para que el Ejecutivo pueda modificar, transformar, disolver o incluso liquidar los fondos fiduciarios.

El texto estaba pensado especialmente para aquellos que implican aportes del Estado pero, al no detallar o delimitar el alcance de dicha facultad, también habilitaba al gobierno nacional a eliminar el fondo fiduciario del servicio de gas de Zona Patagónica y Zona Fría, pese a que no se nutre de aportes del Tesoro Nacional.

Ese subsidio se alimenta un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país.

Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que estaba en la mira el Gobierno para su eliminación, a pesar de que el año pasado registró un resultado positivo de $39.213 millones (ingresos por $116.877 millones y gastos por $77.663 millones).

Las sospechas y la preocupación entre las provincias beneficiadas crecieron debido a la decisión del gobierno nacional de retener la totalidad de los fondos. Así las cosas, entre diciembre y abril el Ejecutivo se quedó con cerca de $10.000 millones que debía girar automáticamente a las empresas. De hecho, distribuidoras y sub-distribuidoras de gas de todo el país habían apuntado contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por pisar los reintegros de las tarifas de “zona fría”. Finalmente la Casa Rosada regularizó una parte de esa deuda durante abril. 

Así las cosas, el dictamen que salió la semana pasada del Senado sobre la Ley Bases incorporó un apartado especial para quitar de la lista de fondos fiduciarios que podrán modificarse a los vinculados con la tarifa de gas.

En concreto, el dictamen precisa “queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565 y ampliado y modificado por Ley 27.637”.