El Ejecutivo nacional buscará reabrir el debate por la reforma laboral en el Congreso con un nuevo proyecto de ley presentado por la diputada Romina Diez, bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. La iniciativa —que cuenta con el respaldo de legisladores oficialistas y aliados— propone una modernización integral del régimen laboral argentino, con medidas que apuntan a flexibilizar los contratos, promover la formalización y reducir costos empresariales.
El proyecto, que retoma los lineamientos de la Ley Bases, fue elaborado para “actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”, según explicaron desde el oficialismo. Entre las principales modificaciones incluye cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, así como incentivos impositivos y beneficios fiscales para quienes generen nuevos puestos formales.
De acuerdo al texto ingresado, la propuesta redefine el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, amplía las facultades del empleador para modificar formas y modalidades del trabajo, y actualiza los beneficios sociales no remunerativos.
En ese sentido, el empleador podrá introducir cambios razonables en la prestación laboral sin alterar los aspectos esenciales del contrato. En caso de conflicto, el trabajador mantendrá la opción de considerarse despedido sin causa si entiende que se vulneraron sus derechos.
En cuanto a las sanciones disciplinarias, se establece que el trabajador tendrá un plazo de 30 días corridos para impugnar la medida y cuestionar su procedencia o alcance.
La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo también detalla qué prestaciones serán consideradas beneficios no remunerativos, incluyendo almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil e internet para el empleado y su grupo familiar. Estos beneficios no integrarán el salario, salvo excepciones expresamente establecidas.
La iniciativa propone flexibilizar la época y la forma de otorgamiento de las vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en períodos no menores a una semana. Cada trabajador podrá gozar de su descanso anual durante la temporada de verano al menos una vez cada dos años.
Además, las parejas o matrimonios que trabajen para el mismo empleador podrán solicitar el goce conjunto de sus vacaciones.
Las convenciones colectivas de trabajo podrán establecer regímenes adaptados a los nuevos modelos productivos, con herramientas como bancos de horas, francos compensatorios y administración de horas extras, garantizando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
Por su parte, el proyecto mantiene los plazos de licencia por enfermedad o accidente —de tres o seis meses según la antigüedad—, y amplía los derechos para trabajadores con carga familiar, que podrán percibir salario durante seis o doce meses.
Asimismo, el empleador deberá conservar el puesto de trabajo por un año adicional tras el vencimiento del período de interrupción laboral. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin derecho a indemnización.
Otro cambio importante está en la tasa de interés de créditos laborales, que quedará limitada a una actualización por IPC más un 3% anual. Además, se limita al 20% el pacto de cuota litis en juicios laborales y se permite a las pymes abonar sentencias o indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales.
Uno de los capítulos más destacados del proyecto es el que crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley.
El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes, siempre que se incremente la nómina y que el trabajador no haya tenido empleo formal en los tres meses previos.
Cambios en el régimen agrario
El texto también introduce modificaciones al trabajo agrario, redefiniendo su alcance y excluyendo de este régimen a quienes realicen actividades industriales, turísticas o de servicios. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores contratados, aunque se excluye a los propietarios de tierras arrendadas sin actividad productiva.
La iniciativa —firmada además por legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar y Carlos Zapata, entre otros— busca retomar el debate postergado sobre la modernización del empleo, en sintonía con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el programa de reformas estructurales que promueve el Gobierno.