El elevado costo de los alquileres no solo golpea a las familias argentinas, sino que también representa una carga significativa para el Estado nacional. Durante el 2024, el Gobierno destinó más de $25.600 millones para cubrir el alquiler de edificios donde operan organismos públicos.

Así lo reveló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un informe presentado ante la Cámara de Diputados, basado en datos suministrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según el documento, actualmente más de 50 dependencias estatales —incluidos ministerios, secretarías e institutos— funcionan en inmuebles alquilados. El gasto mensual promedio por este concepto fue de $2.583 millones, lo que equivale a unos US$21,8 millones al tipo de cambio oficial del 16 de abril.

Estos contratos se celebran con propietarios particulares o empresas, a través de procesos de licitación, lo que genera diferencias en los montos, plazos y actualizaciones de cada acuerdo.

Entre los organismos con mayores erogaciones figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con $478 millones mensuales; ANSES, con $247 millones; la Superintendencia de Servicios de Salud, con $233 millones; y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con $198 millones. También se destacan la Secretaría de Obras Públicas, la Junta de Seguridad en el Transporte, y el Ministerio de Seguridad, entre otros.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo busca avanzar con un plan de reducción del gasto destinado a alquileres. La estrategia contempla la reubicación de personales en inmuebles propios del Estado y la optimización del uso de los espacios ya disponibles. El objetivo central es recortar erogaciones y poner en valor el patrimonio inmobiliario estatal, según explicó la AABE en el informe entregado al Congreso.

Durante el primer trimestre del año, el Gobierno dio de baja 21 contratos de alquiler, lo que generó un ahorro fiscal de más de $30 millones. Paralelamente, se está llevando adelante una auditoría para identificar inmuebles en desuso, subocupados o sin destino asignado, con la intención de relocalizar allí las dependencias estatales.

El enfoque oficial apunta a una administración más eficiente de los recursos disponibles, en línea con el objetivo de reducir el déficit fiscal.