Los cuatro miembros de Revolución Federal fueron procesados sin prisión preventiva este jueves por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien los acusó de buscar “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor” a través de su organización. Y les trabó embargo por 9 millones de pesos a cada uno. 

El líder de la agrupación, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile había sido detenidos el 20 de octubre y este martes fueron excarcelados por la Cámara Federal Porteña, ya que consideraron que no presentan riesgo de fuga ni pueden entorcepecer la investigación sobre ellos.  

La resolución del magistrado establece: “Los sujetos aquí imputados conformaron una organización denominada Revolución Federal y tomaron parte de ella, difundiendo masivamente propaganda de odio y realizando actos violentos, con abierta intención de incitar a la persecución, hostilidad y violencia colectiva contra determinados sujetos -autoridades y simpatizantes- pertenecientes a un determinado espacio político -Frente de Todos. En definitiva, pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”.

Por otro parte, Martínez de Giorgi no menciona que estén vinculados al ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero explica la metodología del grupo.

“La finalidad del accionar llevado adelante por los/as nombrados/as a través de la organización Revolución Federal, fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados –pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado, la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘van a correr’ ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas”, argumentó el magistrado.

En el escrito, el juez señala que la agrupación utilizó tanto las redes sociales como la manifestación callejera para realizar actos y emitir expresiones “tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio“, principalmente contra funcionarios del Gobierno nacional y sus adeptos, “constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.

Así, para Martínez de Giorgi se han encontrado pruebas de que los cuatro señalados “han tenido responsabilidad” en el ilícito que se investiga. 

Con todo, dispuso que atraviesen el proceso en libertad, pero embargados cada uno por 9 millones de pesos.