La Justicia de Estados Unidos ordenó el decomiso del avión venezolano-iraní que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza por supuestos vínculos de sus tripulantes con el terrorismo. El país norteamericano entendió que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas.
Hace una semana, el Gobierno estadounidense había pedido la extinción de dominio del Boeing 747-300, matrícula YV-3531, que se encuentra en la Argentina desde el 6 de junio pasado. Esto le permitiría tomar posesión de la aeronave. La medida fue ordenada por la Corte de Columbia, aunque la notificación oficial todavía no fue enviada a la Justicia argentina.
En agosto, un magistrado había solicitado el decomiso del avión, que apuntaba a inmovilizar la aeronave de Emtrasur hasta el decomiso definitivo, lo que finalmente se concretó.
La causa que tramita en los Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní a la venezolana, llamada Emtrasur. Esta, luego “reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, dice el pedido de colaboración que llegó a la Argentina en agosto.
Otro argumento que expuso la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air.
“La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, explicaron los estadounidenses.
La causa judicial se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora y sigue su curso pese a la falta de mérito de los últimos cinco tripulantes que les permitió su salida del país, resolución que fue apelada por la fiscal Cecilia Incardona.
Además, el juez Villena sostuvo que no hay pruebas contundentes en la causa para procesarlos. Apurado por el plazo que le impuso la Cámara Federal de La Plata al confirmar la salida del país de los primeros 12 tripulantes, el magistrado resolvió la situación procesal de los únicos indagados: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta.