Luego de anunciar la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno de Javier Milei se prepara para lo que será una disputa judicial contra la exvicepresidente. La defensa por parte de Ejecutivo estará a cargo del secretario de Legales de ANSES, Andrés Mariano Bousquet.

Actualmente, la dos veces presidente de la Nación percibe mensualmente 21 millones de pesos por su jubilación de privilegios y de la pensión de su difunto esposo, Néstor Kirchner. Ambos beneficios fueron retirados por la gestión de Milei luego de que la Cámara de Casación Federal le ratificara su condena de seis años e inhabilitación a cargos públicos por la causa de Vialidad Nacional.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que argumento que la medida es causal de “mal desempeño” y de “vulneración del honor de la magistratura”, según como lo estipula el artículo 36 de la Constitución Nacional.

En Casa Rosada remarcan que hay dos artículos de la Ley 24.018 que amparan su decisión y que “están seguros por la medida tomada”. Uno de estos es el punto 29, que establece que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.

El segundo artículo en el que se apoyará el Ejecutivo es el 5, que  indica que las jubilaciones de privilegio son “incompatibles con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”. 

De este modo, Bousquet puede sostener que la ahora presidente del Partido Justicialista violó la “prohibición de acumular” su asignación presidencial con la pensión de Néstor Kirchner, que también percibe.

En ese sentido, sostienen que el pago de las asignaciones de privilegio son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Fernández de Kirchner será notificada en los próximos días, a su domicilio de Río Gallegos, por el ANSES. Según abogados constitucionalistas afines al Gobierno, la quita de la jubilación de privilegios se puede enmarcar en el principio de legalidad.

Consideran que concepto es “fundamental” del derecho público y establece que las autoridades y los ciudadanos deben someterse a la ley. Caso contrario, se puede solicitar la nulidad de sus beneficios.