Así lo reclamó el fiscal Federico Delgado, en un dictamen en el que pidió que se castiguen todos los delitos económicos cometidos por la dictadura sobre el patrimonio de las víctimas, por formar parte del mismo “plan criminal” implementado por “quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976”. En lo que llamó la “mercantilización del terror”, el representante del ministerio público dijo que los “crímenes cometidos por los militares” del autodenominado Proceso de Reorganizacioón Nacional “responden a un patrón común, están conectados entre sí y constituyen una totalidad”.

      En un dictamen presentado ante el juez Daniel Rafecas –en la causa por los crímenes cometidos en el ámbito del primer Cuerpo de Ejército– el fiscal sostuvo que todos esos delitos fueron cometidos por “funcionarios de facto”, sin que exista diferencia entre quienes fueron “parte de la coalición golpista” o sus “subordinados operacionales”.

      Entre las empresas que Delgado quiere que se investiguen, está la sociedad anónima SMC cuya sigla, sin mucha originalidad, corresponde a las iniciales de Suárez Mason y Camps, en la que también formaba parte del directorio el empresario Wenceslao Bunge, ex vocero del fallecido Alfredo Yabrán. Hernán Cirilo, un hermano del portavoz del ex empresario postal, Bunge, Suárez Mason y Camps presidieron esa sociedad anónima, de la que formaron parte, además, Jorge Alberto Torres y Roberto Oscar Defelippis.“El síndico fue Víctor Adrián Alderete –quien años después sería el titular del PAMI– y su suplente, Guillermo Eduardo Arteta”, reseñó Delgado en un párrafo de las 24 carillas de la presentación.

       “La petición de la fiscalía está anclada en la necesidad de profundizar la investigación de los hechos vinculados con los patrimonios de las víctimas” dijo el fiscal en la extensa presentación. Delgado recordó que “se probó que existió un plan criminal que se exteriorizó como una feroz y desnuda represión, ejecutada por quienes usurparon el poder con el deliberado objetivo de despolitizar y recluir a la ciudadanía a lo ‘privado’ para ‘normalizar’ un momento de la historia que se percibía como amenazante para el orden social vigente”.

      “Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil”, dijo el fiscal y explicó que “para sentar las bases de un nuevo patrón de acumulación” se requería “un altísimo grado de concentración del poder para aislar y desmovilizar a la ciudadanía”.

 TERROR.

      En el marco del accionar de quienes implementaban el “terror”, se inscribían las “licencias para delinquir para quienes eran parte del régimen, de manera concomitante con la represión” ya que “los crímenes cometidos por los militares responden a un patrón común, están conectados entre sí y constituyen una totalidad”. Si bien reconoce que a los delitos económicos (lo que llama “mercantilización del terror”) no puede otorgárseles la categoría de crímenes de “lesa humanidad”, Delgado entiende que es posible perseguirlos criminalmente por formar parte del mismo “plan criminal”.

      Explicó que “los hechos ilícitos” cometidos durante la dictadura “respondían a una totalidad general, pero aclaramos que la conexión interna entre sí no significa, necesariamente, que tengan la misma naturaleza jurídica”.