Guillermo Francos, jefe de Gabinete, admitió que el Gobierno evalúa la idea de designar por decreto a los dos jueces que buscan que ocupen los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Según explicó Francos este domingo, la medida sería tomada en caso de que no se obtengan los votos necesarios en el Congreso antes de que finalice el 2024.
“Cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más”, indicó el funcionario liberal en torno a la posibilidad de que las candidaturas de los jueces que el oficialismo impulsa sean seleccionadas por la Cámara Alta.
Además, agregó: “Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada”.
Por ende, y con esta valoración, el jefe de Gabinete reconoció que la alternativa de un nombramiento por decreto de estos jueces está siendo analizada, que sería efectuado antes del fin de año.
Quiénes son los candidatos del Gobierno
La renovación de autoridades en la Corte Suprema se debe analizar por el Congreso tras la obtención de los pliegos necesarios. Uno de los magistrados favoritos del oficialismo, Ariel Lijo, ya cuenta con las 9 firmas requeridas, gracias al aval de la senadora kirchnerista de Catamarca, Lucía Copacci.
Lijo, formado en la Universidad de Buenos Aires, ejerció como abogado, docente y magistrado desde su egreso en 2001. Cuenta con el apoyo de Javier Milei desde que el liberal llegó a la Casa Rosada.
Durante sus años en la Justicia, Lijo trabajó en casos como la causa Ciccone y la causa de encubrimiento por el atentado a la AMIA, entre otros.
Sin embargo, el juez fue apuntado en varias ocasiones por irregularidades en su función judicial. Por ejemplo, en 2018, la exdiputada Elisa Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.
En este proceso legal, Lijo fue defendido por Mariano Cune Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación, quien logró que el jurista fuera sobreseído.
El otro candidato del oficialismo, Manuel García Mansilla, es un abogado rionegrino con una extensa carrera en el sector privado, que generó controversia por sus posicionamientos en contra del aborto y los derechos humanos.
Desde 2019, García Mansilla desempeña el rol de decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Austral.
Un año antes, en 2018, el jurista se presentó ante el Senado durante el debate por el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, donde provocó cierta polémica al afirmar que “el supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.
“En la Argentina, los DNU han destruido la separación de poderes y los contrapesos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, a cierto nivel, la Corte Suprema ha hecho poco para hacer cumplir los requisitos de que la legislación provenga del poder legislativo y no de los presidentes”, escribió el juez en su tesis de maestría en 2001.
En este trabajo, el juez definió que los Decretos de Necesidad y Urgencia habían debilitado los controles institucionales y la importancia de la separación de poderes en la Argentina.
García Mansilla, a diferencia del otro candidato del oficialismo, aún no cuenta con las firmas necesarias para que se trate su postulación en el Senado, presuntamente la obtención de estos estaría bloqueada por orden de Cristina Fernández de Kirchner.
Esto pone al Gobierno en una carrera contra reloj para su designación y empuja aún más la idea de un nombramiento por decreto.