El fiscal de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la condena impuesta a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. La solicitud busca que se amplíe la pena y se incluya el delito de asociación ilícita.

Actualmente, la ex mandataria enfrenta una condena de seis años de prisión, dictada en un juicio oral. Sin embargo, la fiscalía había solicitado en su momento una pena de doce años, argumentando su presunta participación en un esquema de corrupción en la obra pública durante su gestión.

El pedido de Villar abre la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga en una de las causas más emblemáticas de los últimos años, con implicancias políticas y judiciales de gran magnitud. La defensa de la expresidenta sostiene que el proceso estuvo viciado y busca revertir el fallo.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición observan con atención el desarrollo del caso, en un contexto en el que la justicia y la política vuelven a cruzarse en una disputa de alto impacto.

Por otra parte, según fuentes judiciales, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, también presentará un recurso ante la Corte Suprema, pero con el objetivo de que la exmandataria sea absuelta. Ambas partes tienen plazo hasta el viernes para presentar sus apelaciones.

El fallo de Casación, que ratificó el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, condenó a Báez, López y Periotti a seis años de prisión, mientras que otros ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz recibieron penas de entre tres y cinco años.

Sin embargo, tanto el TOF como la Cámara de Casación desestimaron el delito de asociación ilícita, decisión que ahora busca ser revertida por el fiscal Villar.

La Justicia determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, hubo maniobras fraudulentas en la asignación de obras públicas viales a las empresas de Báez, causando un perjuicio significativo a las cuentas del Estado. “Funcionarios nacionales y provinciales llevaron adelante una maniobra fraudulenta para desviar fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez”, señalaron los jueces en su fallo.