La reciente promoción de un token digital en redes sociales por parte del presidente Javier Milei generó una fuerte controversia y reacciones adversas desde la oposición. Diversos sectores políticos lo acusan de haber incurrido en una posible violación de la Ley de Ética Pública y solicitan que brinde explicaciones en el Congreso de la Nación.
La Ley 25.188, sancionada en 1999, establece los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades” para quienes ejercen la función pública. Entre sus disposiciones, impone la obligación de velar por el interés general, evitar beneficios personales indebidos y no promover productos, servicios o empresas utilizando recursos del Estado.
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Desde la oposición, aseguran que Milei pudo haber incumplido el artículo 2 de esta norma, que estipula nueve principios éticos fundamentales. Entre ellos, destacan la obligación de actuar con transparencia, privilegiar el interés público y abstenerse de utilizar su cargo para la promoción de iniciativas privadas.
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados anunció que presentará un pedido de juicio político contra el mandatario. Consideran que su acción constituyó una “posible estafa” y lo calificaron como un “escándalo sin precedentes”.
En paralelo, el Frente de Izquierda (FIT) impulsa un proyecto para que el jefe de Estado sea interpelado en la Cámara de Diputados. En su pedido, exigen que el presidente brinde “informes verbales” sobre la promoción del token y solicitan que la sesión sea transmitida por cadena nacional.
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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de que haya existido una manipulación del mercado. Según el documento presentado por el FIT, la criptomoneda en cuestión experimentó un repentino desplome poco después de su promoción, lo que desató sospechas de uso de información privilegiada.
El mismo pedido sostiene que el anuncio de Milei generó un incremento en el valor del activo digital antes de su caída, lo que pudo haber resultado en ganancias millonarias para ciertos inversores. En este contexto, los impulsores de la iniciativa exigen esclarecer si hubo perjuicio para quienes adquirieron el token tras la publicación del presidente.
Fuente: con información de Noticias Argentinas.