En una jornada de alto voltaje político, el Senado sancionó este jueves una serie de leyes impulsadas por la oposición que significan mejoras para jubilados y pensionados, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
La votación se dio en medio de una fuerte ofensiva del Gobierno, que intentó deslegitimar la sesión y responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por permitir su desarrollo.
Las normas fueron aprobadas con el respaldo de un amplio frente opositor que incluyó al kirchnerismo, senadores radicales disidentes, legisladores provinciales y referentes alejados del PRO.
El paquete legislativo implica un aumento real del 7,2% en las jubilaciones —con excepción de los regímenes especiales— y un incremento del bono previsional, que pasará de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Desde la Casa Rosada ya se anticipa el veto presidencial y una posible judicialización.
La sesión, cuestionada por el oficialismo por supuestas irregularidades reglamentarias, fue avalada por mayoría en el recinto. Sin embargo, la Casa Rosada decidió apuntar contra Villarruel, acusándola de convalidar un “golpe institucional”, en palabras de la ministra Patricia Bullrich. La vicepresidenta respondió que cumplió su rol constitucional y defendió la soberanía del Senado.
Durante el debate, el camporista Mariano Recalde denunció que “el bono está congelado desde marzo del año pasado” y argumentó que el aumento es modesto pero necesario.
A su vez, destacó que existen fuentes de financiamiento que permitirían cubrir el gasto sin comprometer el equilibrio fiscal, como la eliminación de exenciones impositivas y ajustes en partidas presupuestarias.
En contraste, la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero rechazó los proyectos y advirtió que “el problema estructural es la informalidad laboral”. Desde una posición intermedia, la porteña Guadalupe Tagliaferri criticó duramente el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y apoyó la mejora de los haberes, aunque se mostró reticente a la moratoria previsional, por considerarla una solución transitoria y recurrente.
En tanto, la ley de emergencia en discapacidad, que tendrá vigencia hasta fines de 2027, reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y simplifica el acceso al Certificado Único de Discapacidad.
El senador Luis Juez, habitual aliado del oficialismo, respaldó la iniciativa al afirmar que se trata de un “acompañamiento mínimo” a un sector históricamente postergado.