El juez federal Ariel Lijo instruyó al Ministerio de Desarrollo Social que dirige Victoria Tolosa Paz para que realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero que sirva para identificar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, mientras se investiga si presuntos intermediarios retenían las tarjetas y cobraban los montos en nombre de otras personas.
El magistrado ordenó que la cartera social presente un informe preliminar de la auditoría el 20 de diciembre, para autorizar el pago de enero. Pero también solicitó que el relevamiento esté listo a más tardar el 15 de enero.
De esta forma, los titulares de los planes tendrán tiempo hasta el 6 de enero para validar su identidad. Si no cumplen, no podrán recibir el pago de la asistencia.
Esta validación se viene realizando a través de un proceso con reconocimiento facial mediante la app Mi Argentina.
Lijo no es el único juez federal detrás de las irregularidades en torno a los planes sociales, también Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz.
A partir de un entrecruzamiento de datos de la AFIP, se permitió saber que unos 250 mil beneficiarios había cometido irregularidades o no estaban dentro del perfil al que apunta el programa, entre ellos, que habían comprado dólares o que habían adquirido un automóvil cero kilómetro.
Una de las hipótesis de la Justicia es que estos planes son una forma de financiamiento de los movimientos sociales.
Se estima que con la investigación podrían llegar a caerse unos 150 mil planes. La semana pasada, Desarrollo Social dio de baja unos 20.410 planes, una cifra muy por debajo de las cuentas flojas de papeles que identificó la AFIP.
Con información de TN.