El Gobierno nacional avanza en una reforma del régimen de empleo público con el objetivo de modificar la carrera administrativa dentro de la Administración Pública Nacional. La iniciativa apunta a introducir cambios en los mecanismos de ingreso, las evaluaciones de desempeño, los ascensos, la movilidad entre organismos y la estructura de las remuneraciones, aunque su implementación dependerá de una negociación con los gremios estatales para reformar el convenio colectivo vigente.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma podría instrumentarse por vía administrativa y que, en principio, no sería necesario enviar un proyecto de ley al Congreso. Sin embargo, reconocen que antes será indispensable modificar el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional, un proceso que todavía no comenzó.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) afirmaron que no fueron convocados para discutir cambios en la carrera administrativa y aclararon que las negociaciones abiertas hasta ahora sólo abarcan organismos alcanzados por la reciente reforma laboral, como PAMI y ANSES.

El presidente Javier Milei volvió a instalar el tema al señalar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una revisión integral de la carrera del sector público. La intención oficial es fortalecer el criterio de mérito en la administración, otorgando un mayor peso al desempeño de cada agente en su desarrollo profesional y en la determinación de sus ingresos.

Entre las modificaciones que analiza el Ejecutivo figuran los mecanismos de ingreso y permanencia, los sistemas de evaluación, las condiciones para acceder a ascensos, la movilidad entre distintas dependencias y la forma en que se conforman las remuneraciones de acuerdo con las funciones y los resultados obtenidos. También se estudian las normas vinculadas a eventuales desvinculaciones, aunque el Gobierno asegura que la propuesta aún se encuentra en elaboración y deberá ajustarse al marco legal vigente.

Actualmente, el empleo público nacional está regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (25.164), el Convenio Colectivo General homologado por el Decreto 214/2006 y, para buena parte de la administración, por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Esa normativa ya contempla concursos para el ingreso, evaluaciones de desempeño y requisitos de capacitación para acceder a promociones, por lo que el debate oficial no gira en torno a incorporar esos mecanismos sino a modificar su funcionamiento y la incidencia que tienen en la carrera administrativa.

El principal desafío será alcanzar un acuerdo con los sindicatos. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados públicos nacionales deben negociarse entre el Estado y las asociaciones gremiales con personería. Ese procedimiento permite introducir modificaciones mediante acuerdos paritarios y su posterior instrumentación administrativa, aunque existen límites: los derechos y garantías establecidos por la Ley 25.164 no pueden ser reducidos a través de un convenio colectivo, por lo que cualquier cambio que afecte ese núcleo requeriría una ley del Congreso.

La iniciativa avanza por un carril distinto al de la reforma del Estado que también impulsa el Ministerio de Desregulación. Mientras esa propuesta prevé revisar la estructura de organismos públicos, eliminar o fusionar dependencias y sí será enviada al Congreso, la modificación de la carrera administrativa busca desarrollarse dentro del ámbito de la negociación colectiva. La diferencia responde a que la organización del Estado no es materia negociable con los gremios, mientras que el régimen de carrera y otras condiciones laborales sí pueden ser objeto de acuerdos paritarios.