El Gobierno nacional decidió fragmentar la reforma tributaria en una serie de proyectos independientes, con el objetivo de reducir el impacto fiscal y evitar desvíos en el equilibrio de las cuentas públicas.

La Casa Rosada descarta avanzar en el corto plazo con un rediseño integral del sistema impositivo y proyecta una implementación gradual de los cambios entre 2026 y 2027. En ese esquema, la prioridad inmediata del Ejecutivo es la sanción de la reforma laboral, que busca oficializar antes de febrero y que funciona como condición política y técnica para el resto de las modificaciones.

En el oficialismo reconocen que no existe aún una definición cerrada sobre la secuencia de las reformas tributarias. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajan sobre distintas alternativas, pero coinciden en que las transformaciones estructurales quedarán relegadas al largo plazo. La versión más ambiciosa de la reforma —que contempla un nuevo esquema de IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en la coparticipación— es considerada hoy inviable por falta de margen político y fiscal. El Gobierno pretende que cualquier baja impositiva esté acompañada por recortes en el gasto provincial, con el objetivo de promover una competencia fiscal entre jurisdicciones.

Uno de los focos centrales del análisis oficial es el régimen del monotributo, al que en la Casa Rosada definen como “insostenible” en el mediano plazo. La alternativa en estudio es su reemplazo por esquemas más flexibles que faciliten la transición hacia el régimen general, mediante incentivos fiscales graduales. Este punto fue señalado por el Fondo Monetario Internacional, que volvió a poner el sistema tributario argentino bajo observación. En paralelo, el Ejecutivo admite que los recortes impositivos proyectados implican un costo fiscal relevante y asegura que solo avanzará si el crecimiento económico permite compensar la caída de la recaudación.

Como anticipo de ese proceso, el Gobierno incorporó cambios tributarios dentro de la reforma laboral enviada esta semana al Senado. El paquete incluye reducciones en el impuesto a las Ganancias corporativas, nuevas exenciones para operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la devolución del saldo técnico de IVA desde el tercer período fiscal. También propone eliminar impuestos internos de baja recaudación y ampliar las facultades reglamentarias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para el Ejecutivo, estas medidas constituyen un primer paso antes de encarar una baja impositiva de mayor alcance a partir de 2026.

Con información de TN.