El Gobierno nacional dispuso el cierre de otros 67 registros seccionales de la propiedad automotor en distintas provincias y profundizó el proceso de reducción de oficinas que comenzó en 2024. Con esta nueva medida, ya son alrededor de 342 las sedes eliminadas durante los últimos dos años.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Entre las dependencias alcanzadas, 19 corresponden a la provincia de Buenos Aires.
La nueva tanda de cierres se inscribe en el plan de reestructuración del sistema registral impulsado por el Gobierno nacional. En 2024 habían sido suprimidas unas 120 oficinas y, durante 2025, otras 155. Ahora, la administración nacional volvió a aplicar el mismo criterio para avanzar con la reducción de la estructura.
Entre los 67 registros que cerró el Gobierno nacional no hay sedes ubicadas en Mendoza. El listado incluye 19 en la provincia de Buenos Aires, doce en Santa Fe, diez en Córdoba, siete en Ciudad de Buenos Aires, cinco en Entre Ríos, dos en Chaco, Corrientes y La Rioja, y uno en Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Por qué cerraron los 67 registros automotores
Según establece la resolución, las oficinas alcanzadas por la medida se encontraban intervenidas debido a que tenían vacante el cargo de encargado titular. Se trata del mismo criterio utilizado en las etapas anteriores del proceso: eliminar las sedes que permanecían bajo intervención por no contar con una autoridad designada.
La decisión no implica la interrupción de los trámites que se realizaban en esas dependencias. Los registros seccionales que continúen funcionando deberán absorber los expedientes de las oficinas cerradas y garantizar la continuidad de las gestiones.
Además, el Ministerio de Justicia autorizó a las sedes que permanecen operativas a realizar trámites correspondientes a todas las categorías registrales. Esto incluye automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial.
El objetivo oficial, según la normativa, es “asegurar la continuidad, accesibilidad y adecuada prestación del servicio”.